Trans, migrante y peligrosa
Escribe: ELISA CORZO
Ilustración: NICOLAS DANILUK | 29 de marzo 2024
Son el eslabón visible de una cadena de narcotráfico que nadie quiere investigar. Trabajadoras sexuales, travestis trans, migrantes, una combinación perfecta para el armado de causas por tenencia y narcomenudeo. ¿Cómo operan el Centro de Monitoreo Urbano, las comisarías y las brigadas de la Policía de la Ciudad en estas investigaciones?
En la fría madrugada del 29 agosto de 2019, una mujer travesti de 45 años, peruana, a la que llamaremos Roxana, conversa con un taxista estacionado en doble fila al 1200 de la calle Pavón, en el barrio porteño de Constitución. El hombre —pongámosle Oscar—, un cliente y dealer habitué de la zona, la invita a dar una vuelta en el vehículo y ella acepta, tentada también por el convite de un poco de cocaína.
Mientras terminan de ponerse de acuerdo, ven que se acerca un Chevrolet Corsa. Como el taxi impide el paso, Roxana y Oscar apuran los planes. Ella se sube en el asiento de atrás y el tachero arranca, pero solo avanzan unos metros. Del Corsa se bajan tres hombres y dan la voz de alto: son policías de la brigada de la Comisaría Comunal 1.
Luego de hacerlos descender, los revisan y encuentran 53 envoltorios con un total de 6,10 gramos de cocaína: dos estaban en el asiento trasero y el resto en el baúl.
Pero esa es la versión de Roxana.
El relato policial, y el que va a permitir iniciar un proceso judicial que se extenderá durante dos años y acumulará fojas y fojas con fotografías, declaraciones, oficios, trámites a embajadas, exámenes de laboratorio y estudios médicos, es sutilmente distinto.
Los tres oficiales, que vestían de civil y se movían en un auto sin identificar, declaran que esa noche conducían por calle Pavón cuando se vieron obligados a detener la marcha porque un taxi estacionado en doble fila les impedía la circulación. En ese momento, notan que junto al vehículo “se encontraba parado al lado de la puerta del acompañante un travesti el cual conversaba gesticulando, no llegando a observar si realizaban un intercambio o pasamano”.
Agregan que “al percatarse el travestido” de su presencia, “rápidamente aborda el vehículo en el asiento trasero”, lo que los oficiales interpretan como “una actitud evasiva”. Entonces, proceden con el operativo de requisa y posterior detención.
Con los hechos antes descriptos se arma la causa penal 44393/2019-0, en la que se acusa a Roxana por tenencia de estupefacientes para comercialización, que a falta de pruebas el fiscal Paulo Gaspani luego acotará a tenencia.
En 2020 se añade otro hecho, ocurrido en la madrugada del 6 de febrero de 2020 y que de nuevo tendrá sostén en el relato de los integrantes de la brigada de la Comunal 1: un oficial de esa dependencia declara el secuestro de 19 envoltorios con 2,09 gramos de cocaína, encontrados en una persiana de un comercio de calle Pavón al 1200. Dice que Roxana estaba a punto de entregarlo a un cartonero, pero que la operación se interrumpió cuando la mujer se percató de la presencia policial.
Ella declarará otra cosa: que era otra compañera la que tenía esa droga, que ella estaba en el bar “copeteando” y que no vio cuando encontraron la droga. Dice también que el cartonero apareció de la nada y que lo agarraron porque ya tenía un pedido de captura. Sobre el policía que la detiene, cuenta: “Es un gordito de cabello paradito y yo siento que me hostiga”.
Ninguna de sus declaraciones será tenida en cuenta.
En mayo de 2021, Roxana acepta los cargos que el fiscal le imputa por esos dos hechos, para finalizar el proceso con un juicio abreviado y una condena a un año de prisión domiciliaria. El beneficio se concede por su grave estado de salud, es HIV positivo y padece insuficiencia renal severa, y por el contexto de crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.
Hasta acá, la historia de Roxana no es novedosa. Y es que en Argentina, entre 2002 y 2017 hasta la actualidad, la tasa de personas alojadas en cárceles por infracción a la Ley de Drogas creció un 252%. Y si miramos solo a la población trans, vemos que, entre 2015 y 2017, su presencia en las prisiones se multiplicó. Además, si en 2015 solo el 30% de esa población estaba presa por algún delito vinculado a estupefacientes, en 2017 la proporción trepó al 70%
La información, elaborada en base a datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP), es parte de un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), irónicamente titulado “La guerra contra el narcotráfico”, que da cuenta de la ineficacia de un enfoque que se concentra en perseguir a personas pobres, “cuya detención no incide en la desarticulación del negocio ni de las redes de ilegalidades que se propagan para su desarrollo”.
Y sigue: “Donde sí tiene consecuencias la guerra contra el narcotráfico es en las vidas de miles de personas que son perseguidas por la policía e ingresadas en el sistema penal”. Las trabajadoras sexuales, que en CABA se mueven entre Constitución, Once y Palermo conocen bien de qué se trata.
En Argentina, de principios de los 2000 hasta la actualidad, la tasa de personas alojadas en cárceles por infracción a la Ley de Drogas creció un 252%. Y si miramos sólo a la población trans, vemos que entre 2015 y 2017 su presencia en las prisiones se multiplicó.
“y yo no veo que eso le hagan a otra gente”
Corre el mes de octubre de 2023. La militancia progresista está abocada en intentar frenar lo que será un triunfo arrollador del ultraderechista Javier Milei, actual presidente de la Nación. Pero en la sede de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR), en el barrio porteño de Constitución, se palpita otra cosa. Se trata del sindicato que representa a las trabajadoras sexuales. Esa tarde soleada pero fresca de primavera, la vieja casa chorizo pintada de rojo se convierte en consultorio oftalmológico.
Cuando golpeo la puerta me recibe una chica trans. Le digo que busco a Georgina Orellano, la secretaria general del sindicato, y me manda para el fondo.
En la entrada hay un pequeño salón dispuesto como sala de espera: sentadas en dos filas enfrentadas, una decena de mujeres travestis trans charlan entre sí; otras están con la vista clavada en sus teléfonos. En la habitación que sigue hay dos aparatos sofisticados y brillantes. Las chicas apoyan la quijada y los técnicos colocan distintos lentes, calibran manijas y rueditas, y anotan en una planilla.
Al fondo, sentada en una mesa, con una minifalda ajustada, medias transparentes y botas está Georgina, que recibe a las chicas en la mesa de la cocina para indicarles cuándo tienen que volver para retirar los anteojos. Cuando termina con una de ellas, aprovecho para presentarme. Me dice que me siente frente a ella, que Yokhari Márquez —la responsable del área social de AMMAR, con quien pacté la entrevista— está un poco retrasada, pero que enseguida llega.
Mientras espero, me presenta a Natalí, una mujer trans colombiana de casi 50 años. Natalí me cuenta que está súper ansiosa, a la espera de la visita de su mamá, a quien no ve desde hace unos 8 años debido a una causa judicial por drogas que le impide regularizar su situación migratoria y salir del país. “Es lo único bueno que me va a pasar en años”, dice.
Cuando llegó al país no encontró el paraíso. Dice que a pesar de la Ley de Cupo Laboral travesti trans, la falta de documentación y de estudios, hacen que la única salida sea la calle. “Nos ven riendo y pensarán ‘qué fácil es esa vida’. Pero no es fácil. Tenemos que vivir, primero que nada, el insulto de la gente. Porque pasan y nos gritan ‘zorra’, nos escupen, nos tiran huevos, piedras; me han pegado, me han robado, me han cortado”, describe Natalí. Pero además, el hostigamiento policial. “Es todos los días lo mismo. Lo primero que hago es maquillarme pensando en qué policía me voy a encontrar, porque todos los días tienen turnos distintos. Ayer me peleé con una femenina. Le dije: ‘No venga a ser tan prepotente, si usted me habla educadamente yo me voy‘”.
Otras veces, los encara “aunque sé que no lo debo hacer, pero me saca la rabia. Porque yo sé que la chica no está haciendo nada. Le digo al policía, ‘¿le encontró algo que la comprometa?‘, y me dicen ‘no, pero lo vimos en la cámara’. Y le digo, ‘la cámara no ha visto ni mierda, ustedes por joder, por tocarla, por llamar la atención, para que la gente diga: Ah, cómo trabaja‘”.
Yokhari Márquez Ortiz, dirigenta del área social del sindicato de trabajadoras sexuales, coincide. Y explica que eso es lo que viven todas, todos los días. “Si yo estoy en la calle y venís y me das un abrazo, o me das la mano, la cámara dice que te estoy dando algo”, ejemplifica en referencia al rol del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad. Y continúa: “Entonces vienen y me hacen la detención arbitraria, me desnudan en la calle, me quitan lo poquito que tengo. Porque para ellos no podemos tener más de veinte mil pesos en la cartera. Entonces nos dicen: ‘¿de dónde sacó esa plata?’, y tenemos que ir a la comisaría a rendir de dónde sacamos esa plata”.
“Eso nos hacen —subraya Yokhari— y yo no veo que eso le hagan a otra gente. No puedo caminar libremente por mi barrio, donde vivo y ejerzo mi trabajo. Cuando los policías hacen sus razias arbitrarias a las primeras que van a raziar (sic) es a las chicas trabajadoras sexuales, al colectivo migrante trans, a las personas en situación de calle, y a las personas por portación de rostro y de vestimenta”, dice y caracteriza con claridad la política criminal del Gobierno de la Ciudad.
Agrega: “Esa gente ves tú en las comisarías y en los patrulleros. No ves gente que para ellos no son sospechosos. No ves gente blanca, con buena ropa, con buen coche. Capaz esos son los que nos envenenan y abastecen de droga a todo el país, pero como son de ese prototipo que para la Ciudad y la policía encajan, no les dicen nada. Entonces, van hacia nosotras”.
“Entonces vienen y me hacen la detención arbitraria, me desnudan en la calle, me quitan lo poquito que tengo. Porque para ellos no podemos tener más de veinte mil pesos en la cartera. Entonces nos dicen: ‘¿de dónde sacó esa plata?’, y tenemos que ir a la comisaría a rendir de dónde sacamos”.
monitoreo y armado de causas penales
Pablo Ibarra trabaja en la Secretaría de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice: “Si sos trans y estás en Constitución, ya está. Básicamente, estás condenada a recibir en algún momento de tu jornada, en algún momento de la semana, algún tipo de hostigamiento policial”.
A partir de su testimonio es posible conocer detalles del modo particular en que se da la persecución a manos de la Policía de la Ciudad. Como había señalado Yokhari de AMMAR, el inicio de los casos que involucran a personas trans, trabajadoras sexuales, se dan a partir de la intervención del Centro de Monitoreo Urbano.
“Monitoreo Urbano avisa al policía (la mayoría de las veces, refiriéndose a un travestido), y el policía va, detecta y revisa medio arbitrariamente”. La persona “puede tener una bolsita, puede no tener una bolsita, puede tener plata, puede no tener plata, pero siempre se come algún tipo de secuencia”, indica. Para él, eso da cuenta de que la discriminación estereotipada previa es transversal: “Hay prejuicio por parte de la policía de calle, de los agentes del CMU y —-también— de las propias fiscalías”.
La comisaría que tiene jurisdicción en Constitución y que actúa en la mayoría de estos casos es la Vecinal 1C. Algo característico de esa dependencia, y que AMMAR denuncia desde hace años, es la constante rotación de sus autoridades, lo que obstaculiza el trabajo de concientización que llevan adelante.
En relación a denuncias por la intervención de las brigadas (como las que actuaron en la causa de Roxana), Ibarra dice que no son la mayoría de los casos que llegan fiscalía pero lo que se observa es la brutalidad: las trabajadoras sexuales han consignado desde requisas vejatorias hasta robo de pertenencias, y también, que les plantan drogas.
El abogado explica que esto se vincula al marco gris de actuación en el que se maneja la policía ya que si bien intervienen por orden judicial y, a priori, no tienen asignadas tareas de prevención, el estado policial, que habilita a todos los agentes de la Policía de la Ciudad a intervenir cuando están fuera de servicio, ampara esas actuaciones.
Al cierre de esta investigación, se conoció que a partir de una denuncia de AMMAR -que acompañó la cartera de Ibarra-, la fiscalía especializada en Violencia Institucional de Ciudad ordenó el traslado preventivo de los agentes de la comisaría 1C, Rocío Maldonado y Orlando Silvero, por distintos hechos de maltrato físico y psicológico contra trabajadoras sexuales travesti trans. La secretaría también había pedido que una serie de hechos similares ocurridos en Constitución se investigaran en una sola causa, por su carácter sistemático.
Las autoras Laura Malacalza y Sofía Caravelos, en un artículo que se menciona en detalle más adelante, añadieron otra constante clave en estos casos que es moneda corriente en la Ciudad de Buenos Aires: la intervención de los grupos de vecinos en alerta cuyas denuncias sirven como puntapié de muchas causas y de la construcción de estigmas sociales. Cada tanto, además, esos relatos son tomados como insumo para el show televisivo y los canales montan guardias para mostrar la marginalidad.
La comisaría que tiene jurisdicción en Constitución y que actúa en la mayoría de estos casos es la Vecinal 1C. Algo característico de esa dependencia, y que AMMAR denuncia desde hace años, es la constante rotación de sus autoridades, lo que obstaculiza el trabajo de concientización que llevan adelante.
cambios legales sin políticas inclusivas
Una de las pocas personas que en el ámbito judicial recogió el guante de lo que hace años denuncian las organizaciones de Derechos Humanos como AMMAR es Karina Andrade, a cargo del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 15. A la magistrada le tocó intervenir para evaluar el “acuerdo de avenimiento” (juicio abreviado) al que había llegado Roxana con el fiscal Paulo Gaspani y en el que había aceptado una condena por dos hechos de tenencia de estupefacientes.
Luego de analizar lo actuado, conocer a la acusada y preguntarle sobre sus condiciones de vida, elaboró un extenso escrito en el que decidió rechazar el acuerdo. Para la jueza, la causa era resultado más de los prejuicios de los agentes que intervinieron. “La acusada se presentó para manifestar que aceptaba su condena, y renunciaba a su derecho de ir a juicio, en un proceso penal que no tuvo hacia ella un trato digno, pese a que lleva aproximadamente dos años de duración. Frente a esta situación, resulta cuestionable que se encuentre en una posición de igualdad y libertad para ejercer sus derechos o decir cuanto quisiera o pensara”, explicó.
Entre otros, Andrade citó un informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que afirma que las personas trans enfrentan “pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda”, lo que las presiona a trabajar en “economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia”.
Al respecto, las estadísticas sobre la población trans en Buenos Aires son elocuentes. “La revolución de las mariposas”, un informe elaborado en 2017 en base a una encuesta en barrios de CABA, revela que solo una pequeña porción de las mujeres trans accede a un trabajo formal (9%). Las que viven de trabajos precarios e informales son el 15% y las que acceden a alguna ayuda estatal, el 3,6%. “Para el resto, más del 70%, la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos”, señala el estudio. A lo que se suma la persecución policial y penal. “Las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, indicó la jueza. Además cuestionó que en los dos años de proceso judicial no se respetó la identidad autopercibida de la acusada, tal como obliga la ley de Identidad de Género (26.743) sancionada en 2012. Y puso en duda la calificación legal de tenencia de estupefacientes, así como la legalidad de todo el procedimiento policial que inició la causa: estar conversando con otra persona que está dentro de un automóvil o abordar un taxi no son motivos fundados para iniciar un proceso de detención y requisa por la presunta comisión de un delito. En esa línea, también desestimó la existencia de una “actitud evasiva” por parte de Roxana y el taxista, al considerar que los policías estaban vestidos de civil, en un auto sin identificar, por lo que difícilmente podían ser reconocidos como miembros de una fuerza de seguridad.
En los últimos años hubo cambios legales que impactaron en la población trans migrante. Al respecto, Laurana Malacalza (actual subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género bonaerense) y Sofía Caravelos, publicaron en 2019 un artículo en la Revista Cuestiones Criminales (UNQUI). Allí plantearon una hipótesis centrada en el territorio bonaerense pero que puede extenderse a la CABA: si bien la derogación de los códigos contravencionales, junto a la sanción de la Ley de Identidad de Género (2012) y la de Migraciones (2004), tallaron la imagen de un país más amable para recibir a este colectivo, distintos factores se conjugaron para que esto no se traduzca en mayor acceso a derechos.
En ese marco —analizan las autoras— fue clave la desfederalización de la Ley de Drogas, o sea, la transferencia de delitos menores como tenencia o menudeo del ámbito federal al provincial. Lo explican así: “La combinación de cambios legales, sin acompañamiento de políticas públicas inclusivas y la persistencia de estereotipos estigmatizantes y discriminatorios ha derivado en una reformulación de las lógicas y prácticas de criminalización hacia las mujeres trans y travestis. Sus cuerpos son concebidos como objeto de transacciones comerciales, tanto de tipo sexual como vinculada a la venta de estupefacientes, dimensiones que retornan hacia el colectivo trans y travesti a través de un recrudecimiento de los mecanismos represivos y su virtual expulsión del espacio público”. Y siguen: “En este sentido, las figuras legales que se les aplican se trasladan desde el ámbito contravencional al penal. Advertimos entonces la imputación de delitos cada vez más graves, con penas cada vez más altas, en un contexto de uso indiscriminado de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. Esto sin dudas, explica el creciente aumento de personas trans y travestis encarceladas”.
En Ciudad de Buenos Aires, la desfederalización se aplicó, a pesar de las advertencias de las organizaciones, en enero de 2019 (en Provincia fue en 2004). En el ya citado informe del CELS sobre drogas se señalan los primeros efectos de la implementación: un aumento abrupto de causas por Drogas en la Justicia local (una suba del 54% en solo 9 meses) y un recrudecimiento de la persecución a los consumidores (que representaron el 72% del total de las causas).
Ocho de cada diez de esas causas “fueron iniciadas por la policía de la Ciudad” y, del total, el 74% fueron archivadas porque prevaleció el criterio de que es inconstitucional penar el consumo. “Es decir que la actividad de la Policía de la Ciudad se centró en casos irrelevantes que luego fueron desechados por el sistema judicial. Pero esta política de persecución callejera opera como una medida de control poblacional que perjudica a grupos específicos”, entre ellos, el trans migrante.
La combinación de cambios legales, sin acompañamiento de políticas públicas inclusivas y la persistencia de estereotipos estigmatizantes y discriminatorios ha derivado en una reformulación de las lógicas y prácticas de criminalización hacia las mujeres trans y travestis.
no todas son soldaditxs narco
A principios de marzo de 2024, Georgina Orellano publicó un posteo en sus redes sociales desde la esquina en la que trabaja desde hace 17 años. “En menos de dos meses (de gobierno de Javier Milei), dos compañeras trans perdieron su vida en medio de peleas callejeras, conflictos por territorios, por dinero, por sobrevivir, por intentar ganarse el mango para pagar un techo en una pieza de un conventillo, por intentar ayudar a su familia, por intentar sostener las tres comidas diarias”. Hacía referencia a lo que ocurre alrededor del “pasamano”, la venta de estupefacientes a baja escala, o incluso del comercio de “mentiritas”: Geniol picado, o algún otro analgésico de bajo costo, que simula ser cocaína. “El costo de vida se encareció tanto que salir a trabajar, pagar transporte, gastar en morfi y ganar una miseria ya no es conveniente, y frente a esas injusticias sociales aparecen estrategias de supervivencia que no son nuevas en los barrios pero que en los últimos meses son casi la única salida”. Se refirió, entonces, de forma crítica a los análisis rápidos que enseguida ponen etiquetas y hablan de quienes echan mano del rebusque como “soldaditos de los narcos”.
El posteo de Orellano coincide con una demanda histórica impulsada por las organizaciones sociales que exige que la investigación penal escale en la cadena de responsabilidades y no se quede en el simple menudeo. En 2019, OTrans confeccionó un informe sobre la persecución que sufre el colectivo trans migrante, que fue retomado por el fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, para fundamentar al menos dos decisiones judiciales, en el marco de causas por menudeo. En ambas, el fiscal pidió la absolución de las imputadas, trans y migrantes, por su situación de vulnerabilidad.
“Mientras solo el 3% de la población total privada de la libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es extranjera, la población de mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de mujeres trans y travestis privadas de su libertad”, precisaba el informe. Picardi complementaba: “En el caso de las mujeres trans y travestis migrantes privadas de libertad en el SPB, el 100% está presa por estupefacientes”.
Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTrans, es categórica: “Las travestis no son narcotraficantes, son excluidas”. Y añade un eje clave: la edad. “Son personas a las que les plantan drogas, o son compañeras que la mayoría supera los 30 años, cuando como promedio las travestis no superamos los 35 años de edad por muertes con causas evitables”. Vázquez Haro dice: “Imaginate una travesti mayor de 25 años, con problemas de consumo problemático, enfermedades crónicas, situación de prostitución, que se ve obligada a sobrevivir drogada para tener sexo con hombres o varios hombres en una noche, o en su defecto, es la que tiene que vender al menudeo porque al otro día no tiene para comer”.
En suma, “todas van presas y nunca va preso el narcotraficante que tiene íntima relación con un sector del poder político, con un sector del poder judicial y de la policía”. En el contexto actual, bajo la gestión de Javier Milei, dice que la situación se ha complejizado. “Aumentan las detenciones arbitrarias, aumentan los malos tratos, que en CABA siempre han sido un problema, y aumenta la violencia en la vía pública”. En ese marco, el cierre del INADI y la resolución de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de prohibir a las fuerzas de Seguridad el uso del lenguaje inclusivo “son elementos que dan cuenta de que estamos en un momento de mucha preocupación”.
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