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Breve historia institucional de la Policía de la Ciudad

Por: GABRIELA FIGUEROA   |   Ilustración: PANCHOPEPE   |  04 de Mayo 2022

Aunque tiene un poco más de 5 años de existencia, los antecedentes de la Policía de la Ciudad se remontan a la última reforma de la Constitución Nacional en 1994. Desde los orígenes, su composición estuvo ligada a la Policía Federal Argentina, raíz común que comparte con su antecesora, la Policía Metropolitana. ¿Cómo se produjo el nacimiento de esta fuerza de seguridad? ¿Por qué desapareció la Metropolitana? ¿Quiénes formaron parte de su jefatura? ¿Qué otras fuerzas actúan en el territorio porteño? Un historial pormenizado de los vaivenes políticos e institucionales de una fuerza cuyo traspaso al Gobierno de la Ciudad sigue generando polémicas.

 El 1 de enero de 2017 la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a operar en el territorio porteño. Su creación fue una de las primeras acciones del entonces presidente, Mauricio Macri, en articulación con la administración del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También desató internas dentro de las fuerzas de seguridad y en el sistema político, que continúan hasta el presente.

Durante sus primeros cinco años de existencia, la Policía porteña se vio envuelta en investigaciones judiciales y ha sido alcanzada por denuncias sobre espionaje, represiones desmedidas contra la protesta, violencia institucional, al mismo tiempo que permanece blindada por la falta de transparencia sobre su funcionamiento y el buen trato de los medios de comunicación. En este informe se procura develar por qué una fuerza que se presentó en sociedad como una institución moderna y desprovista de los males que aquejaban a sus antecesoras, conserva las prácticas abusivas que ubican tradicionalmente a la policía como un instrumento opresivo cuya función es consolidar la desigualdad y la injusticia social.

Todo comienza al fin

 

El primer antecedente de una fuerza policial conformada para custodiar el territorio porteño data de 1880 y también fue bautizada como “Policía de la Ciudad”. Dependiente de Presidencia de la Nación, ese cuerpo se transformó en 1943 en la Policía Federal Argentina (PFA), con injerencia en todo tipo de delitos a lo largo y ancho del país, y en los delitos comunes dentro de la Capital Federal.

Pero una nueva etapa comenzó con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. A partir de ese momento, la Ciudad de Buenos Aires pasó a tener autonomía jurisdiccional y legislativa, eligió su primer Jefe de Gobierno y sancionó una Constitución propia, que incluía la facultad de gestionar la seguridad dentro de su territorio. Aún así, en 1995 el Congreso sancionó la ley 24.588 que aseguró el primado de la Policía Federal sobre el perímetro porteño.

En mayo de 2004, un hecho en apariencia sin relación con esta historia, terminaría siendo un hito en la posterior composición de la Policía de la Ciudad: el entonces presidente Néstor Kirchner pasó a disponibilidad a 107 altos oficiales de la Federal, que poseían sumarios administrativos o eran investigados por la comisión de delitos. Ese mismo año secuestraron y asesinaron a Axel Blumberg, lo que motivó la revisión de las estructuras policiales.

Cuando el 9 de diciembre de 2007 asumió como jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri impulsó la modificación de la ley nacional para que la Ciudad pudiera gestionar con independencia la seguridad. En ese mismo momento, Guillermo Montenegro renunció a su cargo como Juez Federal para integrarse al gabinete como Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Aquella ventana entreabierta por la autonomía constitucional se abrió de par en par el 28 de octubre de 2008, cuando la Legislatura sancionó la Ley N° 2894 que sentó las bases de una política porteña en seguridad pública y creó la Policía Metropolitana.

La mayoría de las legisladoras y legisladores involucrados en la elaboración de dicha normativa la recuerdan como el resultado de un importante consenso, de tinte progresista. Sin embargo, uno de los principales debates en los que no hubo acuerdo fue conservar el “estado policial”, es decir la posibilidad de que un efectivo tenga derecho a portar y usar su arma reglamentaria aún fuera del horario de trabajo, de su jurisdicción e incluso habiéndose retirado de las fuerzas.

Aun así la Policía Metropolitana funcionó en su origen con tres dependencias comunales, mientras la PFA disponía de 54 comisarías. Lo que implicaba que la seguridad porteña, en los hechos se encontraba regida por cuatro fuerzas: tres de ellas federales –además de la PFA, a través del Operativo Cinturón Sur se involucraron en el policiamiento la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) – y una local, la Policía Metropolitana (PM).

 

Aquella ventana entreabierta por la autonomía constitucional se abrió de par en par el 28 de octubre de 2008, cuando la Legislatura sancionó la Ley N° 2894 que sentó las bases de una política porteña en seguridad pública, y creó la Policía Metropolitana.

 

 

Corta vida a la Metropolitana

 

La Policía Metropolitana (PM) inició sus funciones el 5 de Febrero de 2010, con sedes en las comunas 4, 12 y 15, y capacidad para intervenir solo por orden de un juez. Y algo más: una simple revisión histórica del organigrama de la cúpula permite afirmar que los cuadros superiores provenían en su inmensa mayoría de la Federal.

 

  • Jorge Alberto “Fino” Palacios

Todavía la PM no había patrullado ni una cuadra cuando su mando principal se vio envuelto en un escándalo: el 2 de julio de 2009, Mauricio Macri nombró como jefe de la fuerza al “Fino” Palacios, quien había sido responsable de la seguridad del Club Boca Juniors durante la presidencia del fundador del PRO. Pero también era uno de los 107 oficiales pasados a disponibilidad por Kirchner en 2004, debido a sus graves antecedentes: se le endilgaban haber tenido contacto con desarmaderos de autos involucrados en el secuestro de Axel Blumberg, participar en el encubrimiento del atentado contra la AMIA, y en la represión del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo y alrededores. Palacios llevó consigo a la PM a decenas de ex agentes de la Federal, algunos conectados con empresas de seguridad privada. Puede mencionarse, entre otros, a Carlos Kevorkian, Miguel Ángel Ciancio, Eduardo Jorge Martino, Pascual Miguel Mazzeo, Alberto Misurelli, Alejandro Francisco Parodi, Héctor Barúa, Guillermo Galdame, Oscar Insúa, Esteban Adolfo Sanguinetti y Ricardo Raúl Ferrón.

 

  • Osvaldo Chamorro

El “Fino” Palacios tuvo que renunciar al mes de asumir su cargo, por la férrea oposición de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y organismos de derechos humanos. Lo reemplazó su hombre de confianza, Chamorro, que en octubre de ese mismo año dimitió también al ser procesado en una causa de espionaje ilegal que derivó en la detención de “Fino” Palacios y el ex agente de la Policía Federal Ciro Gerardo James, así como en la imputación a Mauricio Macri (finalmente sobreseído).

 

  • Eugenio Burzaco

Chamorro fue reemplazado por Eugenio Burzaco, diputado por el PRO en la Provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2009, ex asesor de seguridad de Jorge Sobish cuando ocurrió el asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén y ex presidente de la Fundación PensAR, donde trabajó junto al ex agente del Batallón 601 Jorge Cirino. Entre los antecedentes laborales de Burzaco cabe destacar que fue CEO de 2012 a 2015 de la empresa Seguridad Integral Templar S.A. Bajo su jefatura en la PM se produjo la represión en el Parque Indoamericano, donde murieron tres personas. En diciembre de 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, fue nombrado Secretario de Seguridad de la Nación, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019.

 

En la sesión del 19 de agosto de 2010, la Legislatura de la Ciudad encomendó a una Comisión investigadora analizar la situación de la Policía Metropolitana, con motivo de las causas por escuchas ilegales. En su informe final, esa Comisión señaló que 43 de los 52 altos mandos de la PM (82%) provenían de la PFA. Los 9 puestos de dirección restantes correspondían a 4 ex agentes de Gendarmería Nacional, 3 ex policías bonaerenses y 2 ex policías de la provincia de Santa Fe. También informó que 9 de esos 52 puestos de conducción habían sido pasados a disponibilidad durante la presidencia de Néstor Kirchner, el 18 de mayo de 2004. Entre los ingresantes con experiencia policial, 27 provenían del escalafón de inteligencia de la PFA y 25 habían sido auxiliares de inteligencia en diferentes categorías. Además, resaltó que 38 de los 52 altos mandos de la PM (73%) había tenido actuación en las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

 

 

La fusión anhelada

 

El 18 de enero de 2016, a un mes de asumido Mauricio Macri como presidente de la Nación, la Legislatura porteña celebró sesiones extraordinarias para aprobar el Convenio de traspaso gradual y progresivo de personal, competencias, bienes y servicios de la PFA a la Ciudad de Buenos Aires. El mismo día, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto 194/2016 donde estableció la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en un 3,75%, triplicando el monto de 1,40% que regía hasta ese momento por Decreto 705/2003.

La entrega se llevó a cabo bajo el comando de Guillermo Calviño, nombrado jefe de la PFA el 29 de enero de 2016, quien fuera previamente responsable de la seguridad del Club Boca Juniors junto a Jorge “Fino” Palacios. Poco más tarde, en diciembre de 2016, fue pasado a retiro por la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y se ubicó como asesor del Ministerio de Seguridad porteño. Calviño enfrentó en 2017 una causa por coimas, estuvo detenido, pero fue absuelto.

Según versiones periodísticas, Calviño es también un hombre de confianza de Sergio Berni, actual Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en una muestra de genuina transversalidad, el ex jefe de la Federal ocupa ahora el cargo de Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior de la cartera bonaerense, a las órdenes de Axel Kicillof.

Iniciadas las acciones de traspaso, durante un año convivieron las estructuras de la Metropolitana y la Federal, hasta que con la sanción de la Ley N° 5688, el 17 de noviembre de 2016, se fusionaron para dar origen a la Policía de la Ciudad (PC).

Entre los bienes y recursos transferidos a la Ciudad se incluyó la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (54 comisarías), las unidades de Policía Montada, la Superintendencia de Bomberos, la Guardia de Infantería, algunas áreas de la Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, entre otras), Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) y la Aviación Federal.Del total de 35.000 efectivos de la PFA, más de 18.000 pasaron a la PC, unificándose con unos 7.000 agentes de la extinta Metropolitana. Cuando la Policía de la Ciudad comenzó a desplegarse en el territorio porteño, contaba con unos 26.000 efectivos; casi dos años más tarde, en septiembre de 2018, la suma total rondaba los 24.000 policías, debido a las bajas de muchos federales descontentos con la nueva estructura. 

La Policía de la Ciudad no fue elegida por la mayoría de sus integrantes, muchos de los cuales se manifestaron en contra del traspaso obligado a una fuerza que consideraban de menor jerarquía que la PFA. Las internas por la transferencia se hicieron evidentes en marzo de 2016 con la renuncia de Román Di Santo y Héctor Tebes a los cargos de Jefe y Subjefe de la PFA, respectivamente, quienes fueron sucedidos por Néstor Roncaglia y Ester Mabel Franco (primera mujer en llegar al rango de Comisario Mayor en la Federal).

 

Cuando la Policía de la Ciudad comenzó a desplegarse en el territorio porteño, contaba con unos 26.000 efectivos; casi dos años más tarde, en septiembre de 2018, la suma total rondaba los 24.000 policías.

 

Entre los actores políticos que posibilitaron el traspaso y creación de la PC hay que destacar a Martín Ocampo, entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad y hombre de confianza de Daniel Angelici.

Pero la persona que mantiene el control real de la fuerza porteña desde su nacimiento es Marcelo D´Alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Surgido del peronismo de la provincia de Buenos Aires, llegó a la política porteña en 2005 cuando Juan José Álvarez asumió como Secretario de Seguridad de Aníbal Ibarra, luego de la Masacre de Cromañón. Con Macri como Jefe de Gobierno, D´Alessandro fue responsable del Tribunal de Faltas de la Ciudad. En 2013 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en las listas de Sergio Massa, y resultó electo. Cuando Cambiemos accedió al gobierno nacional, Rodríguez Larreta le ofreció dirigir la conformación de la nueva policía para lo cual dejó su cargo de Diputado y asumió como Secretario de Seguridad, cargo que ostentó hasta diciembre 2019 cuando asumió como Ministro.

Al igual que lo sucedido con la Metropolitana, desde su creación la PC fue comandada por oficiales provenientes de la Federal.

 

  • José Potocar

El primer Jefe de la PC es un hombre del riñón de Guillermo Calviño. Potocar estuvo apenas cinco meses en su cargo, destituido por una denuncia de asociación ilícita y cobro de coimas a trapitos y gastronómicos en la comisaría de Núñez, imputación que también pesó sobre Calviño. Según la prensa, Potocar era adversario político del Jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, por lo que surgieron sospechas de una causa armada en su contra. Ambos oficiales fueron absueltos el 13 de mayo de 2021.

Para ocupar el cargo vacante, el ex legislador Gustavo Vera recomendó a Ricardo Pedace, formado en la PFA y ex subjefe de la Metropolitana, fuerza que había quedado relegada en la interna. Pero en enero de 2017 Pedace fue nombrado director de la Agencia Gubernamental de Control, por lo que la jefatura de la PC se mantuvo acéfala durante cinco meses, bajo la dirección operativa de D´Alessandro.

 

  • Carlos Arturo Kevorkian

El 29 de diciembre de 2017 asumió como nuevo Jefe de la PC, Carlos Arturo Kevorkian, uno de los oficiales puestos a disponibilidad en 2004 por Néstor Kirchner. En 2005, mientras se desempeñaba como jefe de la Circunscripción IV, estuvo al frente del operativo policial del partido Defensores de Belgrano y Chacarita en el estadio de Huracán, y fue el responsable de la represión contra los hinchas que terminó con la muerte de Fernando Blanco, quien falleció en el hospital debido a hemorragias internas producto de los golpes recibidos.

Como subjefe de la PC, junto a Kevorkian, asumió Gabriel Oscar Berard, también proveniente de la PFA e identificado con la línea de Guillermo Calviño. Kervorkián dirigió junto a Berard la represión de la protesta contra la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017 en la Plaza de los Dos Congresos. Renunció por “motivos personales”, el 17 de agosto de 2018.

 

  • Gabriel Oscar Berard

Durante los meses siguientes, D´Alessandro volvería a estar a cargo de la dirección operativa de la fuerza. Recién el 27 de mayo de 2019, Berard sería nombrado nuevo jefe de la PC. Si algo no puede negarse es que se trata de un hombre de la familia policial.

 

Control civil hasta ahí

 

La resistencia de la Federal al traspaso se debe también, entre otras causas, al celo puesto por el gobierno porteño en ejercer un control civil de la fuerza. La Ley N° 5688 estableció un Sistema Integral de Seguridad Pública encabezado por el Jefe de Gobierno y puso en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad la dirección superior de la Policía de la Ciudad. La normativa impone una quita de poder sobre cuestiones neurálgicas que solían ser materia de autogobierno policial. Entre ellas pueden mencionarse:

 

- La planificación y ejecución presupuestaria son atribuciones del Ministerio, por lo que los comisarios ya no se encargan de definir la compra de insumos o reparaciones sino que deben trasladar esta necesidad a un área específica para su aprobación.

- Se creó un área de Servicios Complementarios en la órbita del Ministerio desde la que se coordina todo lo relativo a “los adicionales”  (prestaciones de servicios de protección, seguridad o vigilancia policial a los privados, ya sea por algunas horas o días a cambio de una contraprestación), sustrayéndole esa potestad a los comisarios.

- El diagrama de las rondas y los patrullajes ya no pertenece a los comisarios, sino que reciben una planificación acorde a los datos que surgen del Mapa del delito y las directivas del área administrativa que interpreta dicha base de datos. Para apartarse de las instrucciones, los comisarios deben pedir una excepción y justificarla. El control de su cumplimiento se realiza a través del sistema de posicionamiento vehicular, un software de rastreo satelital que cada patrullero tiene instalado. Este GPS informa al Comando Radioeléctrico y al Centro de Monitoreo su localización.

- La formación, ingreso y ascenso del personal ya no está bajo la órbita de los Jefes policiales sino que es definido por el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por Ley N° 5688, bajo la dirección actual del Fiscal de Cámara en lo Penal de la CABA, Gabriel Unrein.

- El control disciplinario, que antes era atribución absoluta de la PC, a partir de la nueva norma se desdobló, quedando en manos de la propia fuerza la sanción por faltas leves o moderadas. Las faltas graves están a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo que lleva a cabo la investigación, sustancia sumarios administrativos e impone sanciones que pueden ir de la suspensión a la exoneración, pasando por la cesantía. Esta Oficina está compuesta por civiles y en su dirección, desde que fue creada en 2016, figura el abogado Alfonso Antonio Palmou.


Hay que decir, sin embargo, que el control disciplinario se ha destacado por la permisividad y la falta de noticias sobre las indagaciones. No existe para la ciudadanía ninguna forma de conocer cuáles son las denuncias que investiga la Oficina de Transparencia o de hacer seguimiento de aquellas denuncias ingresadas al Poder Judicial de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió en un informe pormenorizado en julio de 2021, recomendando “transparentar las tareas desarrolladas por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad y de la Dirección General de Control del Desempeño Profesional, de modo que permita el acceso de la ciudadanía a las acciones que ambas realizan”. La institución, además, instó a “establecer un sistema de detección temprana de abusos, malos tratos y corrupción del personal policial”, tras realizar un relevamiento de las denuncias que recibe sobre las fuerzas. En este sentido, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denuncia que, desde su creación, la PC mató a 121 personas en casos de gatillo fácil. Al respecto, Grito del Sur realizó un informe exclusivo publicado en esta sección.

Una de las críticas propuestas a la ley de la PC por especialistas en el área es que los mecanismos de gobierno civil implementados, priorizan a la tecnología por sobre los agentes. Por ejemplo, en el caso del uso de geolocalización, hay determinadas zonas en que se pierde la señal. O los propios agentes cortan la transmisión, en un gesto de protesta o quita de colaboración.

Otro cuestionamiento hace hincapié en el hecho de que, aún cuando la Ley N° 5688 prevé la creación de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, ésta todavía no se encuentra en funcionamiento.

 

No existe para la ciudadanía ninguna forma de conocer cuáles son las denuncias que investiga la Oficina de Transparencia o de hacer seguimiento de aquellas denuncias ingresadas al Poder Judicial de la Ciudad.

 

La pelea por la coparticipación

 

En la corta historia de la Policía de la Ciudad, las disputas en torno al presupuesto que acompañó la ejecución de la política de seguridad porteña fueron resonantes. En el cuadro que publicamos a continuación, analizamos los números oficiales correspondientes a los años 2016 a 2021.

Es importante aclarar que el “Presupuesto Nominal” representa el valor monetario concreto a la fecha de su sanción, pero este número no toma en cuenta el efecto de la inflación. Por eso aplicamos una tasa de ajuste que recoge la inflación de cada período, lo que nos permitió percibir la variación interanual real. De esta manera, si bien el “Presupuesto Nominal” aumenta cada año, el “Presupuesto Real” en verdad disminuye.

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Hay dos hitos claves, que se perciben a partir de esta evolución. En primer lugar el impactante aumento de la suma inicial aprobada en 2016 por la Legislatura, que de poco menos de 4 mil millones de pesos saltó a casi 20 mil millones, multiplicándose por cuatro. Esto sucedió gracias al Decreto 194/2016 firmado por Mauricio Macri, que triplicó la alícuota de coparticipación de la CABA (del 1,4% al 3,75%). Un mes después de esta polémica decisión, Macri aprobó el Decreto N° 399/16 donde se especificaba que dicho aumento sería destinado a “consolidar la organización y funcionamiento institucional de la seguridad pública” en materias no federadas, es decir al traspaso de la PC. Un año más tarde se concretó el Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, y a partir del Decreto N° 257/18 se redujo el porcentaje a 3,5% a partir de enero de 2018.

A partir de ese comienzo bien arriba, el presupuesto real de la policía porteña fue en descenso cada año, con un pronunciado declive del 15% en 2020, debido al retiro de casi un punto en la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, establecido por el presidente Alberto Fernández con el Decreto 735/20, en plena pandemia.

La reducción de la alícuota desató un conflicto judicial entre la Nación y el Gobierno porteño. El pleito se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras cuatro audiencias realizadas sin acuerdo entre las partes, los jueces otorgaron un plazo hasta el 26 de abril de 2022 para establecer un pacto, prorrogado luego hasta el 11 de mayo. Sin embargo, el plazo se venció sin que se haya presentado el acuerdo. Ahora, será el máximo tribunal quien defina la cuestión, en lo que puede ser un fallo de alto volumen político.

 

El presupuesto real de la policía porteña fue en descenso cada año, con un pronunciado declive del 15% en 2020, debido al retiro de casi un punto en la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, establecido por el presidente.

El retiro de las fuerzas federales del territorio de la CABA se concretó de forma parcial con la asunción de la presidencia de Alberto Fernández y bajo la cartera de Seguridad de Sabina Frederic.

 

Territorios en disputa

 

Cuando en 2017 la Policía de la Ciudad comenzó a operar, la seguridad porteña estaba en manos de cuatro fuerzas distintas, tres de las cuales eran federales: Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La primera tenía a su cargo el patrullaje de algunos barrios populares, también conocidos como villas miserias: Fátima, Piletones, Zavaleta y Barrio Padre Ricciardelli (1-1-14), en el marco del Operativo Cinturón Sur —reemplazado por el Programa Barrios Seguros en abril de 2016, durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, la Prefectura Naval se encargaba de los operativos de seguridad en Puerto Madero, y en otros barrios populares como Villa 31, 21-24, Soldati y Cildañez. El repliegue de estas fuerzas federales de dichos territorios fue paulatino y se mezcló con el conflicto por la Coparticipación.

El crimen cometido a fines de 2017 por Luis Chocobar, oficial de la PFA, y la protección política de la que gozó, profundizaron el aval gubernamental que tenían las fuerzas federales para actuar con mano dura en los barrios que ocupaban

Así, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN), en un relevamiento realizado durante 2018 -al que se tuvo acceso exclusivo para la confección del presente informe- registró 30 casos de violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en la zona del Barrio Zavaleta y la Villa 21-24 de CABA. Entre las víctimas no sólo había personas adultas, también niñas, niños y adolescentes. El informe de la DGN estableció que continuaban las “prácticas, ya conocidas, desplegadas en las “garitas” de las fuerzas de seguridad donde se

“verduguea”, se golpea y se demora la detención de las víctimas”. Los vecinos denunciaron hostigamiento, humillaciones, golpes y, en algunos casos, torturas. “Golpes de puño en todo el cuerpo, trompadas, patadas, gas pimienta, picana eléctrica, simulacros de fusilamientos y amenazas explícitas de muerte: son algunas de las formas que adopta la violencia institucional cuando los jóvenes de los barrios pobres están bajo custodia”, expresa el informe (en la página 39 del Informe Anual de DGN puede leerse una reseña de este informe).

En ese contexto y ante la escalada de casos de violencia policial, el 9 y 20 de abril de 2018, Argentina recibió la visita de Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En su informe, respecto a la CABA, el relator informa que recibió numerosos relatos similares de violencia policial que afectaban, de forma particular, a adolescentes, adultos jóvenes y mujeres provenientes de segmentos marginados de la sociedad. En las observaciones recabadas expresó que “además de las amenazas y los insultos, algunos informes señalaban que las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales recurrían a las patadas y a las golpizas, incluso sobre personas esposadas o que tenían algún otro tipo de sujeción física. También recibí varias denuncias sobre el uso de técnicas de asfixia conocidas como “submarino” tanto “mojado” (sumergir la cabeza en un líquido) como “seco” (colocar una bolsa de  lástico sobre la cabeza), particularmente durante los traslados en los patrulleros”.

Para algunas organizaciones sociales del territorio consultadas para este informe, la visita del Relator influyó en la decisión política de retirar las fuerzas federales del territorio.

Tras el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto de 2019, que marcaron un rumbo político diferente, el grado de conflictividad de las fuerzas federales en los barrios populares fue en descenso. La estrategia de las fuerzas implicó un repliegue de sus agentes a las garitas y unidades operativas. Se produjo una especie de zona liberada, lo que implicó mayor número de tiroteos entre grupos antagónicos en los barrios. El retiro de las fuerzas federales del territorio de la CABA se concretó de forma parcial con la asunción de la presidencia de Alberto Fernández y bajo la cartera de Seguridad de Sabina Frederic, quien fue Ministra de Seguridad de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 al 18 de septiembre de 2021. Consultada por las circunstancias del repliegue de las fuerzas contó: “en febrero de 2020, en Tucumán, cuando hicimos el primer Consejo de Seguridad Interior, firmamos un acta acuerdo con la Ciudad (de Buenos Aires), con (Diego) Santilli en ese momento, para hacer un plan de retiro de las fuerzas federales que habían quedado en la Ciudad”. Sin embargo, Frederic encontró resistencias posteriores en el gobierno de la Ciudad para cumplir el acuerdo y asumir la efectiva seguridad de algunos barrios. Pandemia de por medio, recién entre marzo y junio de 2021, la Prefectura se retiró por completo de la CABA, siendo Puerto Madero la primera zona recibida por el gobierno de la Ciudad.

 

 

 

Frederic afirma que la salida de las fuerzas federales del territorio de la CABA no estuvo relacionada con la visita del Relator contra la Tortura durante la gestión de gobierno de Cambiemos. “Estábamos convencidos de que no correspondía que las fuerzas federales estuvieran en la CABA para hacer policiamiento de proximidad ya que tanto Prefectura como Gendarmería necesitaban hacer una coordinación con otras grandes áreas del Estado: Desarrollo Social, Hábitat, Infraestructura que no son parte de la misma jurisdicción”, explicó. Es que la presencia de fuerzas federales en los territorios de la Ciudad “es una saturación que marca un territorio como inseguro, al contrario de otros que no lo serian. Es discriminación y segregación”, afirmó Frederic. En este sentido, se resalta que la Ciudad cuenta con más de 26 mil agentes, 19 mil de ellos cumplen tareas en las calles, por lo que la Capital Federal posee el mayor número de efectivos policiales por cada 100 mil habitantes en el país. Ese número asciende a 900 y triplica el recomendado por la ONU que es de 300.

Si bien, en marzo de 2021, Prefectura se retiró de Villa 21 24, Zavaleta y Puerto Madero y, en junio de ese año, Gendarmería se replegó de Lugano, todavía no se ha logrado que ésta última se retire de los barrios de Soldati, donde permanece aunque con menor cantidad de efectivos y de Barrio Padre Ricciardelli, conocido como 1 1 14. Todo parece indicar que la Ciudad no tiene voluntad política de asumir la seguridad interior de estos barrios. Incluso, los llamados al 911 son derivados a los dispositivos de Gendarmería.

“El futuro te está esperando”

 

La frase puede leerse en la web de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Es una invitación a inscribirse en un formulario online para ser parte de la fuerza y defender la libertad, la vida y el patrimonio. Al menos, eso es lo que dice la ley que creó al brazo armado de la Ciudad Autónoma y es también lo que decía la ley de su antecesora, su familiar denostado, la extinta Policía Metropolitana. “Estamos para cuidarte con tecnología de avanzada”, prosigue el banner virtual. Hay un policía joven que sonríe, se muestra afable y conversa con un vecino, que es un señor mayor de pelo cano al que no se ve de frente.

La Policía de la Ciudad festejó cinco años de existencia el 17 de noviembre pasado. Desde sus redes sociales se transmitió un video de aniversario con imágenes del acto de creación en 2016, donde se ve a Horacio Rodríguez Larreta y al entonces presidente Mauricio Macri. El registro audiovisual acompaña el recorrido de un patrullero moderno, celeste brillante, pulido, que recorre las calles de Buenos Aires y saltan instantáneas de centros de monitoreos con equipamiento de alta gama, cámaras en puntos neurálgicos de la city porteña, oficiales mujeres y varones usando el uniforme a veces color bordó y otras de chaleco turquesa, de una pulcritud aséptica. Un oficial que viste un mameluco blanco, al estilo de la serie norteamericana CSI, se calza unos guantes azules para manipular alguna evidencia.

De repente, se despliega una lluvia de imágenes de computadoras, microscopios y todo tipo de maquinaria tecnológica, mientras la música instrumental de fondo que había comenzado tímida, estalla y pueden verse las luces azules del patrullero, las caras sonrientes de un par de oficiales, las comunicaciones por celulares y la rigidez al momento de encender el vehículo. La música, entonces, se vuelve tensa. Se ven imágenes tomadas en manifestaciones reales, banderas rojas y militantes de izquierda que arremeten con piedras contra los uniformados. Se ve a los oficiales de negro, con cascos, replegándose y retirando a uno de los propios, herido. Y de pronto se hace de noche, el patrullero recorre de nuevo la Ciudad pero también lo hace la Policía motorizada. Hacia el final aparecen miles de aspirantes mientras reciben el uniforme y les toman la foto para su credencial.

“Somos una policía joven, próxima e innovadora”, dice una voz en off mientras en el recuadro derecho aparece un efectivo repitiendo el discurso en lenguaje de señas. Este video es, quizás, la máxima expresión de deseo de la Policía de la Ciudad, un testimonio audiovisual de lo que quiere ser desde su piedra fundacional. Pero también puede ser visto, paradójicamente, como una muestra de todo lo que no se cumplió.

 

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