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Lucas González

Detrás del expediente

Lucas González:
un alto al fuego de las brigadas

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Escribe: ESTEFANÍA SANTORO   Ilustración: PANCHOPEPE |   31 de agosto 2022

ILUS MAPA LUCAS GONZALEZ por Panchopepe.jpg

El 17 de noviembre de 2021, mientras se cumplían 5 años de la creación de la Policía de la Ciudad, agentes de civil, sin identificación y pertenecientes a la División Brigadas y Sumarios de la Comisaría Vecinal 4D interceptaban y disparaban 20 veces contra un auto ocupado por cuatro adolescentes que salían de entrenar del Club Barracas Central. Lucas González, de 17 años, murió de un tiro en la cabeza y sus amigos fueron detenidos de forma violenta y arbitraria. Un crimen que muestra cómo el aparato policial apunta sus balas contra las personas marrones, jóvenes y de barrios populares. Y que, además, pone sobre la mesa la discusión acerca del rol de las brigadas y el alcance de su poder en el territorio porteño. 

_ ¿Qué pasó Rodo? ¿se mandaron un moco?
_ Si, un re mocazo aparentemente. Le dije a Inca que está como subcomisario que vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar esto, que mande gente de Brigada al recorrido a ver si realmente descartaron. Los detenidos que están vivos refieren que son jugadores de fútbol. 
_ ¡Uhh!
_ Son cuatro pendejitos aparentemente jugadores de fútbol. El tiro está de atrás hacia adelante, entró por el vidrio del acompañante trasero y le pegó al acompañante de adelante. 
_ ¡Uh boludo están hasta la chota! 
_ Yo lo llamo a Santana, por qué no lo llamas al Perro y le decís que vengan a emprolijar esta cagada. 
_ Si ahí lo llamo.


Intercambio telefónico entre Rodolfo Alejandro Ozán, comisario en jefe de la Comisaría Vecinal 4A y Fabián Alberto Du Santos, comisario de la División Operaciones CV 4D, Policía de la Ciudad.

El 17 de noviembre del 2021, entre las 8:15 y las 8:30 horas, Lucas González (17) y sus tres amigos Julián Salas, Joaquín Zuniga y Niven Huanca terminaron un entrenamiento de fútbol en el Club Barracas Central. Emprendieron el regreso a sus casas, hacia el barrio San Eduardo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en el auto del padre de Julián. 
En el trayecto pararon en un kiosco ubicado en la intersección de la Avenida General Tomas de Iriarte y Luna a comprar un jugo. En ese momento un auto Nissan Tiida blanco, sin patente y sin balizas se les cruzó y bajaron tres hombres armados, apuntándoles. Eran policías de la Ciudad de la División Brigadas y Sumarios de la Comisaría Vecinal 4D, vestidos de civil, sin ningún tipo de identificación. No hicieron mención a que pertenecían a la fuerza. Los chicos pensaron que querían robarles el auto y arrancaron. Entonces, los oficiales realizaron más de 20 disparos. Cinco impactaron contra el auto y uno en la cabeza de Lucas. “Se cruzó el auto y apenas se bajaron los hombres comenzaron a disparar. Cuando se bajó el conductor vi el arma y en la desesperación lo único que hice fue arrancar. Mi amigo empezó a gritar, lo vi de reojo a Lucas que estaba re mal y mientras yo estaba manejando se puso en mis rodillas. Fue muy feo ver a mi amigo baleado sin razón alguna. No nos siguieron, solo nos dispararon, se supone que si son policías nos tenían que seguir. Si para un auto, se baja un chabón con un arma, jamás te va a pasar por la cabeza que es policía, pensábamos que nos querían robar”, relató Julián Salas, días después de lo sucedido, ante las cámaras de televisión. 

 

Eran policías de la Ciudad. No hicieron mención a que pertenecían a la fuerza. Los chicos pensaron que querían robarles el auto y arrancaron. Entonces, los oficiales realizaron más de 20 disparos. Cinco impactaron contra el auto y uno en la cabeza de Lucas.

 

Las imputaciones


Los tres hombres que interceptaron a los jóvenes eran el inspector Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Gabriel Alejandro Issasi, de la División Brigadas y Sumarios de la Comisaría Vecinal 4D. Después de los disparos, Julián Salas, que conducía el auto, siguió unas cuadras más hasta que vio a dos oficiales mujeres: Micaela Fariña y Lorena Miño. Les pidió ayuda, mientras su amigo Lucas agonizaba. En lugar de escucharlo, lo detuvieron. 
“Les dije que tenía a mi amigo con un tiro y me dijeron que me baje del auto. Yo estaba asustado y llamé a mi mamá para contarle lo que había pasado (…) llegaron un montón de policías, nos trataron muy mal, nos pusieron esposas y nos tiraron al piso. Nos preguntaron de dónde éramos y nos dijeron que éramos unos villeros y que nos tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno. Uno me preguntó dónde tenía el arma con la que había matado a mi amigo cuando habían sido esos hijos de puta que frenaron y le dispararon a mi amigo”, recuerda Julián. 
Lucas falleció al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y mientras su corazón se apagaba, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Paradójicamente, ese 17 de noviembre, Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno porteño hablaba en un acto del orgullo que sentía por la Policía de la Ciudad. Esa fuerza que acumula 121 asesinatos de los cuales, al menos,
38 fueron cometidos en territorio porteño. Moreno, hasta el 2019, se desempeñó como Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos de la Ciudad y había declarado que trabajaba para "no tener ningún barra en las tribunas".
Los oficiales Nieva, López e Issasi están acusados del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo”. También se los acusa por el intento de homicidio agravado, por las mismas causales, de los tres amigos que estaban con Lucas y privación ilegal de la libertad “agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.
El día del crimen, la oficial Daniela Lozano estaba patrullando en una plaza cercana donde ocurrió el hecho, escuchó los disparos y se acercó al lugar. Habló con los tres policías que estaban de civil y la mandaron a cubrir el tránsito. En su declaración como testigo, contó que tuvo una comunicación telefónica con el inspector Cuevas quien le reconoció que habían plantado un arma para simular un enfrentamiento que nunca existió.
El fiscal que investiga el caso, Leonel Gómez Barbella, aseguró que existe una estructura piramidal que intentó ocultar el crimen y que involucra a otros once policías de las comisarías vecinales 4A y 4D y de la División Sumarios y Brigada. Fabián Alberto Du Santos (comisario puesto en disponibilidad, División Operaciones CV 4D), Juan Horacio Romero (comisario puesto en disponibilidad, ex División Sumarios y Brigadas CC4), Roberto Orlando Inca (subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de Prevención CC4), Héctor Carlos Cuevas (principal de la Comuna vecinal 4D), Sebastián Jorge Baidón (oficial Comisaría Vecinal 4D), Ramón Jesús Chocobar (subcomisario, 2° Jefe División Operaciones CV 4D), Jonathan Alexis Martínez (oficial Comisaría Vecinal 4D), Ángel Darío Arévalos (oficial Comisaría Vecinal 4D), Daniel Rubén Espinosa (oficial Comisaría Vecinal 4D), Daniel Alberto Santana (comisario inspector Departamento CC 4) y Rodolfo Alejandro Ozán (comisario puesto en disponibilidad, exjefe de la Comisaría Vecinal 4ª) están acusados por encubrimiento del crimen y se encuentran con prisión preventiva. La investigación señala que “alteraron los rastros y pruebas del delito que cometieron Nieva, López e Issasi, al arribar inmediatamente e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un ‘enfrentamiento’, colocando para ello un arma de utilería”. Mientras que las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, quedaron en libertad el pasado 12 de enero luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña considerara que no hay pruebas suficientes que demuestren que “estuvieran en conocimiento de lo realmente ocurrido y del plan urdido posteriormente” por los tres oficiales de la Brigada.
El pasado 20 de julio, el Juzgado Criminal y Correccional N° 7, había rechazado la excarcelación de la oficial de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna N° 4, Teresa María Luján Scorza, imputada como una de las partícipes del encubrimiento del crimen, la detención ilegal y las torturas cometidas a los amigos de Lucas. La jueza Paula Verónica Martínez había argumentado que existía "una posibilidad cierta de que, en caso de recuperar la libertad, Scorza pueda ocultar, alterar, modificar y/o destruir pruebas fundamentales o influir en testigos", teniendo en cuenta "la relación de poder, recursos y condiciones que cuenta como imputada integrante de una fuerza de seguridad", según expresó la resolución de la Justicia.
Scorza había sido reconocida en una rueda fotográfica por Joaquín Zuniga, uno de los jóvenes detenidos por la policía, como la oficial que, cuando estaban esposados y tirados en el piso bajo la falsa sospecha de ser dos delincuentes, les gritó: “¿dónde tenés la droga?, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal”. Sin embargo, el 4 de agosto pasado, la misma jueza ordenó liberarla por falta de mérito argumentando que la fiscalía, “a pesar de contar con otras medidas posibles de concreción, no acercó pruebas que sustentaran su imputación” y que Joaquín Zuniga no fue categórico en el señalamiento durante el reconocimiento fotográfico. 


 

Los tres hombres que interceptaron a los jóvenes eran el inspector Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Gabriel Alejandro Issasi, de la División Brigadas y Sumarios de la Comisaría Vecinal 4D.

 

La pérdida


Lucas González tenía 17 años, era hincha de Defensa y Justicia y en diciembre del 2021 iba a probarse para volver al club de sus amores, pero no lo dejaron llegar. Jugaba de 10 y estaba terminando el secundario en horario vespertino para no interrumpir sus entrenamientos. “El tema del estudio era algo de lo que hablábamos seguido, yo le insistía mucho en que pensara alguna carrera universitaria o terciaria, temía que apostara todo al fútbol, no porque no creyera en él, sino porque se muy bien lo difícil que resulta llegar a primera división”, cuenta su tía, Carolina González.
“Siempre estábamos muy juntos, vivimos en el mismo terreno. Lucas fue mi primer sobrino y para mí era como un hijo. Su hermana Valentina de 14 años me dice ‘nadie me entiende, lo extraño mucho’. Lucas era un chico muy aniñado, miraba una película de terror y a la noche tenía miedo de subir la escalera solo”. Hace una pausa y continúa: “El hermano más chiquito, Tiziano de 9, también lo extraña, lo dibuja. Durante toda la pandemia estuvieron los tres encerrados, todo el tiempo jugando, se entretenían juntos, parecía que los tres tenían nueve años. Lucas recién había empezado con la actividad de entrenamiento”. 
“Hay cosas que no sé sobre lo que pasó (…) no pude volver a dormir bien desde lo de Lucas. A veces me vienen los pensamientos sobre cómo lo cuidábamos, no lo dejábamos salir sin saber dónde estaba, conocíamos sus miedos, sus inquietudes. Sufro mucho cuando pienso qué cosas terribles habrá pasado en ese momento, me pregunto cómo lo habrán tratado si querían hacerlos pasar por delincuentes, todas esas cosas me llevan a lugares muy feos. No sé si estoy lista para conocer esos detalles. No quiero leer para evitar más dolor”, dice.




 

Se dispara racismo


La querella busca enmarcar el crimen de Lucas como de odio racial. Es decir, no se trataría de un caso de “gatillo fácil”, entendido como un crimen que obedece al descuido o negligencia de los agentes en el uso del arma sino de una persecución específica a personas jóvenes, marrones, de barrios populares y que se visten de una determinada manera. 
“En Argentina hay un racismo por portación de cara, cuando uno tiene una visera y tez de color marrón es una persona sospechosa para la policía, algo que es tremendamente lamentable, pero que existe en varios países del mundo. Creo que este va a ser el primer juicio de racismo estructural por color de piel de toda la historia argentina”, dice Gregorio Dalbón, abogado de la querella por la familia de Lucas y los tres amigos que viajaban con él al momento del crimen.
Por el momento resta la confirmación de la fecha del juicio que estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Nacional N° 25 donde los policías implicados serán juzgados. En este sentido, el abogado señala: “El por qué tiran, matan y encubren lo vamos a tener solucionado en el debate oral, creo que ahí se va a descubrir no solamente los tres tiradores a los que les cabe reclusión perpetua sino a los que encubrieron que son los otros nueve que están detenidos a los que les va a caber la pena de encubrimiento agravado por el delito anterior y además incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad y todas las cuestiones que han sucedido que fue un caso paradigmático porque las víctimas terminaron presas y los victimarios terminaron en libertad”.
Los policías inventaron la versión del enfrentamiento y para que resulte creíble mantuvieron a los jóvenes esposados durante varias horas, plantaron un arma de utilería en el auto donde viajaba Lucas y demoraron en dar aviso a la Justicia sobre el hecho. “Nosotros tuvimos que dar vuelta la historia, recordemos que estos chicos fueron a un reformatorio la noche del día del crimen, Lucas fue internado en un hospital como detenido y los policías estaban prófugos. Tuvimos que darlo vuelta y trabajarlo para que los policías sean detenidos y para que los chicos sean sobreseídos”, asegura Dalbón. De la investigación también se desprende que los policías ejercieron tormentos y sufrimientos psicológicos sobre los jóvenes mientras que “los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados, sin intervención judicial alguna”, aseguró. Solo les sacaron las esposas cuando llegó el padre de uno de ellos y les dijo que no podían tratarlos de esa manera por ser menores de edad. Pero luego los subieron a un patrullero donde los retuvieron por más de siete horas, entre las 12:30 y las 19:40.
“Todos creen que uno va por una historia de gatillo fácil pero la perspectiva que tengo (…) no va a ir sobre el gatillo fácil sino que va a ir por el homicidio y el crimen por odio racial, que es lo que entiendo que sucedió con Lucas y sus compañeros”, dice el abogado. “Si estos chicos estaban arriba de un Audi no hubieran tenido ningún tipo de inconveniente, pero estaban arriba de un auto nacional que salía de un lugar que era una villa donde está el club donde ellos entrenan. Este tipo de circunstancias, de persecución policial con una brigada de civil sin identificarse no ocurre en Barrio Parque ni en Barrio Norte. Ocurrió, casualmente, a la salida de una villa. Estas situaciones son las que quiero hacer resaltar a los jueces para que este juicio sea un antes y un después en lo que significa la discriminación por color de piel en la Argentina. A estos chicos los persiguieron y les tiraron por su color, no por otra cosa”, señala Dalbón.
Al referirse a la marcha que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2021 en Plaza Lavalle, Tribunales, para pedir Justicia por Lucas, afirma: “hubo más o menos cuatro mil personas, si el chico hubiera sido blanco y de ojos celestes, la gente (…) hubiera llegado hasta la catedral de la Plaza de Mayo, el tema es que el chico era marrón y cuando los chicos son de tez marrón, la sociedad se preocupa bastante poco. En cambio, si el chico era blanco, de ojos celestes e hijo de un empresario, aparecen los Blumberg”.

En Argentina hay un racismo por portación de cara, cuando uno tiene una visera y tez de color marrón es una persona sospechosa para la policía, algo que es tremendamente lamentable, pero que existe.

 

Herencia de impunidad: las brigadas


El traspaso de parte de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires implicó grandes cambios en la estructura operativa de la fuerza, incluyendo la gestión de ‘brigadas’ (nombre no oficial que quedó de la Federal). En 2018 se intentó establecer un esquema de prevención (para la policía de calle) y otro de investigación (destinado a las brigadas) pero no hubo acuerdo para concretarlo. 
Durante dos años la socióloga Leslie MacColman realizó más de cien entrevistas con personas relacionadas con las reformas policiales en Argentina -incluyendo actores políticos de diferentes partidos, policías y activistas- lo que formó parte de una investigación exhaustiva donde analizó a las brigadas. Su tesis doctoral se centró en los orígenes de la Policía de la Ciudad, aún habiendo realizado una investigación profunda y rigurosa, asegura que hay muchos aspectos de las brigadas que no logró clarificar “porque es difícil conseguir información sobre su composición y funcionamiento”. 
Su trabajo académico finalizó en 2019, hasta la fecha hubo importantes cambios a nivel social, económico y político y puede que algunas cosas se hayan modificado, sin embargo, su investigación deja entrever el entramado de corrupción y el modus operandi de las brigadas que se mantiene al día de hoy. “En la Policía Federal Argentina (PFA), las brigadas eran una pieza clave en las llamadas ‘quintas’ de recaudación ilícita. Las brigadas conocían, entre otras cosas, dónde había mayor actividad comercial y dónde se concentraban actividades ilícitas vinculadas al juego clandestino, la venta de drogas, la esclavitud sexual, los talleres clandestinos, los desarmaderos de autos, etc. Dicho conocimiento les permitía negociar acuerdos con diversos actores locales, incluyendo actores criminales. Bajo la dirección del comisario o subcomisario de turno, las brigadas ofrecían protección policial a cambio de pagos periódicos que luego fueron repartidos entre miembros de la brigada, sus superiores e, incluso, los altos mandos de la PFA. Los que no accedían a pagar a veces sufrían represalias físicas o legales. Si bien, no todos sus miembros participan de actividades ilícitas, las brigadas tenían una reputación generalizada de ser el brazo de la PFA que regulaba el crimen callejero”, explica MacColman.
Varias de las personas con las que la socióloga conversó coincidían en que la brigada era una especie de “patota”: “No es una acción de la policía uniformada, es la brigada de investigación que trabaja con el comisario, con el subcomisario, y son estos los que van a tu negocio y dicen ‘¿cómo le va Leslie, anda bien el negocio no? Si, si, bueno ¿yo? ¿Cuánto va a colaborar con la jurisdicción?’ Pero es una persona vestida así de gaucho que, no de policía uniformada”, esto dijo una de las personas entrevistadas y otra aseguró: “Las brigadas siempre eran los que cobraban las coimas. El comisario sabía qué negocio estaba acá, cuál estaba allá. Le iban a decir que necesitaban seguridad en la puerta. O si estaban haciendo algo medio turbio, pasaba a brigada cada tanto”, afirma.
“A nivel central – en la jefatura de la Policía de la Ciudad – seguían operando las brigadas especializadas en materia de Robos y Hurtos, Sustracción de Automotor, Drogas, Cibercrimen, etc. que tenían jurisdicción en toda la ciudad. A nivel comuna, ante la falta de lineamientos claros del Ministerio, la gestión de brigadas se tornó más ad hoc. Si bien, no era como la PFA, donde cada comisario armaba y manejaba sus propias brigadas con relativa autonomía, los comisarios lograron recuperar cierta independencia que la estructura de la Policía de la Ciudad les había quitado”, afirma.
MacColman explica que en 2019 se produjo una puja entre diversos actores dentro de la Policía de la Ciudad sobre el control de las brigadas: “La brigada comunal solía salir a recorrer la jurisdicción sin avisar a los comisarios justamente porque quería detectar irregularidades o delitos vinculados a la actividad policial. Pero los comisarios se quejaron mucho y, eventualmente, vino una orden de arriba que la brigada tenía que avisar por radio cada vez que salía”.
A raíz de su investigación la socióloga pudo comprobar que, si bien la creación de la Policía de la Ciudad cambió las reglas de juego para muchos policías, las brigadas continúan operando con sus propias lógicas por fuera del sistema de control que establece la propia policía: “No está del todo claro cómo o quién los controla, lo cual contribuye a la proliferación de abusos. Cuando entrevisté a trabajadores sexuales, por ejemplo, me dijeron que algunas brigadas solían exigirles dinero, drogas o favores sexuales, amenazando con armar una causa judicial si no cumplían. Un grupo de jóvenes en situación de calle cerca de una de las villas más grandes de la Ciudad me dijo algo parecido. Según ellos, ciertas brigadas de la zona ofrecían protección a grupos criminales a cambio de elementos robados o droga. ‘La brigada acá arregla con todos, con todos los narcos y transas,’ dijo uno. Otro joven acotó que ‘La brigada no los molesta, pero cuando no les paga empiezan a molestar. Empiezan a allanar.’ Para ellos, al igual que otros informantes míos, el traspaso de Policía Federal Argentina a la Policía de la Ciudad trajo un cambio de uniforme pero no cambió los patrones abusivos de las brigadas policiales”.


 

Si bien la creación de la Policía de la Ciudad cambió las reglas de juego para muchos policías, las brigadas continúan operando con sus propias lógicas por fuera del sistema de control que establece la propia policía.

 

Un antecedente televisado


María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) cuenta que “las brigadas (en realidad, el servicio de calle) existen desde que el mundo es mundo. La Policía de la Ciudad conservó en ese punto la estructura preexistente de la PFA, que también se repite en las policías provinciales. Lo sorprendente es que haya gente que se hayan desayunado con el caso de Lucas sobre el tema, mientras cualquier vecino o vecina de cualquier barrio te puede contar en qué auto anda la brigada de la zona, quiénes son y cómo recaudan”. 
Prosigue: “en los papeles, el servicio de calle o brigadas es un pequeño grupo de policías que son destacados por su conocimiento de la zona, para circular de civil y en autos no identificados, ‘para prevenir delitos y contravenciones’. La verdad de la milanesa, es que efectivamente ubican esos lugares ‘de interés’, pero para cobrar peaje, dejarlos funcionar o extorsionar de otras formas. Son los recaudadores en los barrios, los que pasan a buscar la ‘cuota’ por desarmaderos, prostíbulos, kioscos de merca, etc., en los que, además, muchas veces directamente son socios. También los que manejan los informantes o ‘buches’ que convenientemente dan datos de los que son renuentes a cooperar”.
Verdú recuerda un episodio del año 2002, cuando CORREPI denunció el accionar de la Brigada de la misma comisaría implicada en el caso de Lucas González, que por entonces era la 30ª de la PFA, en la causa por la detención legal y extorsión a Desiderio Meza. Los implicados eran el sargento Roque Mona, el oficial inspector Mario Machado, el subcomisario Edgardo Cejas y los suboficiales Jorge Fernández y Domingo Castiglione. “El hombre fue detenido en la puerta de su casa con la excusa de una ´detención para identificar´ (averiguación de antecedentes). La brigada lo llevó a la comisaría, donde le dieron un par de cachetazos para que entendiera que no era joda, y le dijeron que si en 72 horas no pagaba 2.000 dólares, le armaban una causa por tenencia de armas de guerra y explosivos. El pobre formoseño tenía alguna causa ya purgada por robo, lo que lo convertía en perfecto blanco para la extorsión”, explica la abogada. “Lo acompañamos a denunciar judicialmente y el fiscal autorizó a montar una cámara oculta para registrar el momento de la entrega del dinero con ayuda de un equipo de investigación periodística ("Telenoche Investiga"). A pesar de que en el momento crucial hubo una filtración y avisaron al jefe de la brigada, que encontró y trató de destruir la cinta, se recuperó lo suficiente como para condenarlos. Hubo dos juicios, en el segundo salió la condena”, recuerda Verdú.
Los jueces Hugo Boano, Marcelo Avrutín Suárez y Gustavo Valle del Tribunal Oral Porteño N° 2 condenaron a Machado y Mona a cuatro años y medio de cárcel, y el doble de tiempo de inhabilitación especial, por privación ilegal de la libertad y extorsión, ésta en grado de tentativa. A Machado se lo sentenció también por lesiones leves -por golpear a Meza en la comisaría, delante de su hijo de tres años-; y a Mona por daño, por haber roto la cámara que Desiderio llevaba oculta el día en que, bajo vigilancia policial y judicial, acudió a cumplir con el pago reclamado por los policías. Cejas y Fernández recibieron cuatro años de cárcel. Al primero le sumaron coacción y al otro, la tentativa de extorsión. Castiglione, por su parte, fue absuelto.



 

En los papeles, las brigadas son un pequeño grupo de policías que son destacados por su conocimiento de la zona, para circular de civil y en autos no identificados, ‘para prevenir delitos y contravenciones’ pero se ubican esos lugares para cobrar peaje.

 

Actúan como parapoliciales


La abogada penalista y magíster en Criminología, Claudia Cesaroni, dice: “Este caso (crimen de Lucas González) desnuda varias cuestiones vinculadas a las prácticas policiales. Una es la existencia de brigadas que actúan como parapoliciales porque no están identificadas. Son autos civiles, no patrulleros y entonces las personas que son perseguidas por este tipo de autos tienen todo el derecho del mundo a asustarse, a acelerar y a pensar que les quieren robar o que los quieren hacer algo dañoso y huir. Esa huida (sirve) a la policía para la segunda cuestión, que tiene que ver con las prácticas policiales, que es ejecutar a personas con el argumento de que están cometiendo un delito (…) que sería huir. Este caso genera indignación y probablemente tendrá condenas muy duras contra los policías porque estos chicos eran ´inocentes´ y lo digo entre comillas, no porque no lo fueran, sino porque esta distinción a mí también me parece un problema. Aunque estos chicos hubieran cometido un delito, aunque estuvieran escapando de la Policía, creo que tampoco estaría justificado dispararles de esa manera por el riesgo justamente de provocar muertes, que es lo que definitivamente pasó con Lucas”.



 

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