mapa
DE LA POLICIA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RED DE cuidados contra la violencia policial
BUSCADOR
POR COMISARIA O AUTORIDAD
DEL MAPA
DE LA POLICÍA
Este nuevo reporte registra la actividad del Mapa durante el primer semestre de 2023.
Está dividido en TRES PARTES:
El Mapa de la Policía es una herramienta digital que busca construir una RED DE CUIDADOS CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL.
El principal objetivo de la iniciativa es VISIBILIZAR EL ABUSO para evitar que se naturalice.
80.432
8.707
236
107
96
HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL DECIDIMOS VISUALIZAR
SESIONES
en el sitio
PERSONAS
ingresaron al formulario
de denuncias
DENUNCIAS
recibidas a través
del formulario
HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL
VERIFICADOS por el Mapa
de la Policía
Los datos publicados en este tercer reporte surgen en su totalidad de las denuncias directas recibidas a través del formulario del Mapa, entre los días 1 de enero y el 11 de julio de 2023.
Durante el primer año de funcionamiento de la plataforma ciudadana ingresaron al formulario 8707 personas, de las cuales 236 completaron los distintos pasos que prevé el registro. Los casos de violencia policial que fueron verificados por el Mapa ascienden a 107, de los cuáles 11 decidimos no visibilizar por pedido de las víctimas.
Metodología de verificación
El método de verificación incluye tres procedimientos específicos:
-
la conversación directa con les denunciantes, casi siempre de manera telefónica.
-
el análisis de la información recibida y la evaluación de su verosimilitud.
-
La eventual triangulación de la información recibida con lo publicado por los medios de comunicación y la consulta a instituciones locales que realizan un seguimiento de la violencia policial (como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteña)
La represión policial causó una nueva muerte.
El jueves 10 de agosto alrededor de las 17.00, Facundo Molares Schoenfeld murió como consecuencia de la violencia policial en el marco de una manifestación pacífica en pleno centro porteño. Los principales medios de comunicación propusieron rápidamente otra versión: según Clarín, La Nación, Infobae y Perfil, esa muerte fue producto de una descompensación provocada por la protesta social (sic). Como es costumbre, las empresas comunicacionales se hicieron eco de la palabra oficiosa que es siempre el mensaje policial.
Por el contrario, la impactante cobertura de la fotoreportera Susi Maresca, junto a una serie de videos y testimonios brindados por quienes participaban de la protesta, demuestran que la represión ordenada por el Gobierno de la Ciudad resultó a todas luces desproporcionada. Maresca trasmitió en vivo a través de su Instagram un video que se viralizó y fue instrumentado por los portales de noticias para construir la versión falsa que el propio Ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, defendió públicamente apenas tres horas después de lo sucedido: “es un hecho lamentable, pero no tiene que ver con la acción policial”, dijo el exministro.
Sin embargo, el testimonio de la fotográfa-testigo publicado por el Mapa de la Policía lo desmiente con claridad. Lo mismo queda explicitado en las declaraciones de Delia, quien también presenció el hecho. Y en el relato de Brisa, otra militante que participó de la asamblea.
Un video entre las centenas de imágenes que circularon muestra el momento preciso en que Facundo Molares es atrapado, derribado e inmovilizado en el piso, con una violencia desmedida. Otro material audiovisual editado por el profesor universitario Camilo Napalpi sincroniza varios videos y demuestra que esa acción policial le provoca la muerte. La reacción de la policía ante los hechos consumados fue torpe, claramente cruel. La demora de la ambulancia coronó el cuadro de brutalidad.
UN CASO
SINGULAR
En su declaración testimonial realizada el mismo día del hecho a las 20:36 el oficial Ricardo Cirilo Delgadillo, Legajo 72012, a cargo de la Comisaría Vecinal 1B, explica que arribó junto a sus efectivos a la zona del Obelisco porteño alrededor de las 14 horas, en cumplimiento de la Orden de Servicio 4704/2023 procedente de la Superintendencia de Operaciones que alertaba sobre la realización de un acto convocado por organizaciones de izquierda, lo que evidencia actividades de inteligencia previas. Los militantes políticos comenzaron a congregarse a las 15 horas. Según los dichos del Comisario, el conflicto se inicia por una decisión unilateral sin que medie orden alguna y bajo una hipótesis a todas luces inverosímil: Delgadillo “se abalanza sobre un masculino” con la intención de cuidar a otros manifestantes que podrían llegar a lastimarse por la acción que preparaba el activista. Producto del forcejeo cae al piso de rodillas “fuertemente”, lo cuál le ocasiona lesiones. Acto seguido, la División de Operaciones ordena por la frecuencia radial Metro 1 que detengan a los manifestantes que supuestamente agredieron al Comisario.
Es entonces cuando entra en acción el Grupo de Dispersión 1 del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DOUC), a cargo del Subcomisario Juan Carlos Restieri (Legajo 73324). Y también las denominadas “Brigadas de Contención” a cargo del subcomisario Leandro Ezequiel López (Legajo 4812), Segundo Jefe de la Comisaria Vecinal 1B. El agente que según las evidencias audiovisuales empuja a Facundo Molares y lo reduce con violencia en el suelo, ocasiónándole la muerte, pertenece a este segundo cuerpo policial, fácilmente identificables porque visten de civil y con un chaleco celeste.
A pesar de todas estas evidencias la causa judicial permanece estancada. Según los abogados que representan al padre de Facundo Molares esta parálisis se debe a la inacción de la fiscal a cargo, Marcela Sánchez.
2
ANÁLISIS
DE UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA
la pesadilla de los detenidos en Alcaldías y Comisarías porteñas.
Hoy hay 1400 personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires,
a pesar de que son lugares que no están preparados para alojar personas. Si tenemos en cuenta que en abril del 2020 eran 139 personas alojadas en alcaidías y ninguna aún en las comisarías, podemos tomar dimensión del crecimiento de estos casos. Es decir, en tres años, la población alojada en estos espacios aumentó más del 900% e, incluso, el 12% de las personas se encuentran cumpliendo condena.
Las celdas no tienen luz natural ni ventilación adecuada porque algunas no cuentan con ventanas y se encuentran casi herméticamente cerradas. Los detenidos deben hacer turnos para acercarse a las ventanas tipo tragaluz con el objetivo de respirar aire fresco, sobre todo en épocas de altas temperaturas. Los colchones no alcanzan para todos, la mayoría duerme en el piso, sobre cartones. El hacinamiento en algunas celdas obliga a hacer turnos para dormir porque no entran todos acostados a la vez.
Las condiciones de detención son tan extremas y la vida cotidiana en esos espacios es tan difícil que los detenidos organizaron varias protestas exigiendo ser trasladados. En una de ellas tomaron a un policía de rehén.
Los por qué
La pregunta que se impone es: ¿por qué el sistema de encierro en la Ciudad de Buenos Aires está sobrepoblado?
En primer lugar, entre 2015 y 2019 se produjo un acelerado crecimiento de la población privada de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal porteño. La cantidad de personas encerradas aumentó 45% y en diciembre de 2019 alcanzó un pico máximo de 13.883 personas y una ocupación del 113%.
Este crecimiento obedeció a las reformas legislativas de endurecimiento penal aprobadas, como la Ley de flagrancia que produjo el crecimiento de detenidos provenientes de CABA y la modificación de la Ley nacional 24.660 en 2017, que limitó las salidas y libertades a personas condenadas. Otro de los factores que inciden en este aumento de las detenciones es la desfederalización de la ley de drogas en 2019, a partir de la cual la Policía de la Ciudad se enfocó en perseguir los delitos menores de drogas.
En la mayoría de las provincias del país la jurisdicción provincial se hace cargo de alojar a las personas detenidas por estos delitos. Pero la Ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles propias. Entonces, el aumento de presos derivado de la política criminal de la Ciudad se traslada al Servicio Penitenciario Federal. Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías.
La particularidad de esta situación reside en la inexistencia de colaboración entre ambas autoridades, que parecen jugar más bien a tirarse los presos una a otra.
El qué hacer
Pese a la gravedad de la situación, todo indica que el problema está lejos de resolverse. La única alternativa en danza parece ser el traslado de las personas alojadas en la Ciudad de Buenos Aires al ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Pero la ciudad capital debería asumir que tiene y va a tener presos, por lo que debe contar con recursos y logística para hacerse cargo tal y como hace el resto de las provincias argentinas. No alcanza con repintar una comisaría para decir que es una alcaidía. Tiene que garantizar que las personas detenidas estén alojadas en condiciones dignas. Se les debe garantizar cuestiones tan básicas como poder bañarse, alimentarse, acceder a luz y aire y ser atendida por médicos. A modo de ejemplo: hoy existen solo dos médicos legistas para 1400 detenidos.
Por otra parte, el poder judicial tiene que revisar muchas de sus prácticas. Entre ellas los tiempos para resolver las detenciones: hay personas que están más de 15 días después de ser detenidas sin que se defina su situación procesal. Parte de este tiempo transcurre arriba de un patrullero, esposado en un banco y, cuando finalmente son ingresados a una celda, las condiciones son deplorables.
La construcción de nuevas cárceles es una medida necesaria, pero para que realmente las nuevas plazas ayuden a aliviar la sobrepoblación tiene que ser acompañadas con medidas que apunten a disminuir la cantidad total de personas privadas de la libertad.
La complejidad de estas medidas requiere que todos los actores involucrados se sienten a negociar y cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde. Mientras los poderes ejecutivos se trasladan mutuamente la responsabilidad y el poder judicial esconde la suya, cada vez más personas padecen situaciones de encierro inhumanas.
(Este informe fue elaborado por el Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro, del Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS).
3
La sobre-actuación represiva
del Jefe de Gobierno coincidió con su peor resultado electoral.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño tendrá un final agrio. El proyecto presidencial que debía coronar 16 años ininterrumpidos en el manejo de los resortes estatales de la ciudad más rica del país fracasó estrepitosamente el pasado 13 de agosto, luego de perder por amplio margen en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio contra la precandidata Patricia Bullrich. Pero Larreta perdió en esos comicios algo más que una candidatura; también extravió buena parte de su identidad política al derechizarse de manera oportunista, lo cuál terminó desdibujando su propuesta.
Uno de los ejes principales por los que transcurrió la disputa interna en la coalición opositora fue la seguridad, materia en la que la ex ministra del rubro durante el gobierno de Mauricio Macri tenía todas las de ganar.
Bullrich no tiene empacho en agitar las banderas del punitivismo y la represión, como quedó explicitado en su último spot publicitario. Por eso llamó la atención que, en lugar de cambiar de tema e intentar imponer otro eje el Jefe de Gobierno terminara compitiendo por ser el representante del orden.
En este sentido, durante las semanas previas a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) hubo dos eventos clave en el contexto eleccionario nacional.
En primer lugar, la elección del gobernador jujeño Gerardo Morales como su precandidato a vicepresidente. El 20 de junio, una semana antes del cierre de listas, se aprobó en la provincia norteña de forma exprés una reforma constitucional que criminaliza el derecho a la protesta, hecho que desencadenó una movilización masiva violentamente reprimida. Más de 170 heridos y 68 detenidos fue el saldo de la reacción estatal. La decisión de apresurar la aprobación de la reforma a tan pocos días de las elecciones no fue casual sino algo calculado por un gobernador que buscaba un lugar de relevancia en el escenario político nacional. Su entronización como compañero de fórmula a tres días de semejante demostración de ferocidad, fue una jugada que los asesores de Larreta valoraron como positiva pues supuestamente había incidido en una mejoría en las encuestas.
El segundo hecho en la misma dirección tuvo lugar apenas tres días antes de las PASO, el 10 de agosto de 2023, y ya fue contado en la primera parte de este reporte: la Policía de la Ciudad reprimió violentamente una movilización pacífica de menos de un centenar de manifestantes y como consecuencia de la violencia policial murió Facundo Molares. Ante este hecho de extrema gravedad el precandidato a presidente respaldó la represión y culpó a los manifestantes, intentando posicionarse en una línea político-discursiva a favor de la mano dura.
La paupérrima cosecha electoral de Horacio Rodríguez Larreta puso en evidencia el fracaso de esta estrategia. El rápido cambio del ministro de Seguridad porteño a pedido del candidato a Jefe de Gobierno que pretende reemplazarlo, Jorge Macri, abona una pregunta difícil que desde las organizaciones e instituciones de la sociedad civil debemos afrontar con urgencia: ¿qué tipo de políticas de seguridad nos esperan en el futuro inmediato? Herramientas ciudadanas como el Mapa de la Policía pueden ser un aporte sustancial para los tiempos que se vienen.
¿Qué hace (y qué no hace) la Policía de la Ciudad ante la violencia de género?
Esa pregunta nos llevó a lanzar una Campaña en la Legislatura porteña junto a la legisladora Ofelia Fernández y la organización feminista Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV). Allí presentamos un formulario específico para relevar las prácticas policiales en contexto de violencias de género. A su vez, se desplegaron dos estrategias:
1- Una investigación periodística con entrevistas a referentas y activistas en la materia de diferentes barrios populares de la CABA (Bajo Flores, 21-24, Fátima, Mugica y 20). Puede leerse en este link.
2- Junto a CIAV se realizó una reconstrucción de los circuitos administrativos de respuesta de la policía ante hechos de violencia basada en el género. Este trabajo forma parte de un insumo hasta ahora poco conocido y que no había sido sistematizado antes para el uso y ejercicio de los derechos de cualquier persona. Es por eso que definimos que forme parte de los Recursos del Mapa de la Policía.
