Espacio público al servicio de la represión

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Los apuñalan, les roban, los hostigan, les tiran agua a los colchones y hasta les prenden fuego a sus pertenencias y a ellos mismos. Esos datos surgen del Registro Único de Violencias (RUV), elaborado por las activistas Milena Sapey, Luciana Armentano y Jorgelina Di Iorio de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC).  Se trata de un mapeo a nivel nacional construido en base a noticias periodísticas y al relevamiento informal de organizaciones sociales que, en su metodología, clasifica tres tipos de violencia:

• la estructural, que consiste en las lesiones físicas graves producto de dormir a la intemperie; 

• la social, que se refiere a las agresiones ejercidas por ciudadanos de a pie que pueden o no estar, también, en situación de calle.

• la institucional, que incluye los ataques físicos o simbólicos por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. 

 

En relación a este último tipo de violencia, aún cuando existen denuncias tanto en el RUV como en el Mapa de la Policía acerca de la que ejerce la policía de la Ciudad, durante esta investigación los testimonios de las personas en situación de calle coinciden en que la hostilidad no siempre la ejercen directamente las fuerzas de seguridad, sino los funcionarios de otras áreas. En particular, quienes dependen del ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad.

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En mayo de este año, la justicia porteña, a partir del reclamos de las organizaciones sociales y el pedido del legislador Martín Barroetaveña (FDT), frenó una licitación del Gobierno de CABA en la que se buscaba invertir alrededor de 1526 millones de pesos en un relevamiento de “las condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la Ciudad”. En el texto de la licitación N° 7162-1862 LPU22, el ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana solicitaba, entre otras cosas, la “verificación ocular de recuperadores urbanos” y la “susceptibilidad de producir contaminación visual”. Se equiparaba la presencia de cartoneros e indigentes con “residuos domiciliarios, de comercios e industriales, restos de podas de jardín, residuos voluminosos, materiales descartados”. Es decir, el interés en trabajar sobre esta problemática era una preocupación estética.

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Durante el último año y mientras se sustanciaba la polémica licitación, trascendieron –además- testimonios y denuncias públicas acerca de operativos de “limpieza” que realizan funcionarios del gobierno de la Ciudad, la mayoría de las veces de madrugada, con camiones de basura en los que arrojan las pertenencias de los vecinos sin techo. En algunas ocasiones, con el auxilio de la policía de la Ciudad. Se trata de lo que, comúnmente, se conoce como desplazamientos forzados, con episodios de violencia, robos de pertenencias y mediados por malos tratos verbales y/o físicos. “No nos dieron tiempo a nada y vimos cómo todas nuestras cosas se iban por la trituradora”, cuenta uno de los damnificados en una publicación de las redes sociales de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, donde a menudo se comparten fotos, videos y relatos de este tipo de manejos. Este registro audiovisual derivó en un hábeas corpus presentado ante la Justicia por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación “por los graves hechos de violencia institucional”.

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La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, desde donde se ordenan los operativos de “limpieza”, es Clara Muzzio. La funcionaria, además, fue elegida por el candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, como su compañera de fórmula en las elecciones locales. El pasado 1 de junio, el candidato prometió en una entrevista en Radio La Red “recuperar el afuera para el vecino” ocupado por personas en situación de calle: “Hoy los cajeros automáticos se han transformados en los monoambientes de algunos”, expresó. A menos de un mes de los comicios, mientras se producía este informe, la ministra Muzzio tenía la agenda cerrada a notas periodísticas, pero el Mapa de la Policía pudo conversar con sus colaboradores acerca de los registros audiovisuales y denuncias de desplazamientos forzados. “Cuando quienes dependen del Ministerio tienen que hacer un operativo de higiene y hay alguien en situación de calle en el lugar, siempre se llama a Buenos Aires Presente (BAP). Cualquier resolución que se tome es a raíz de lo que ellos definan”, dijeron. Al preguntarles si estaban enterados de las denuncias públicas realizadas por las organizaciones sociales, negaron que les hayan llegado reportes por parte de las empresas de limpieza tercerizadas con las cuales la Ciudad trabaja en el territorio porteño. “Puede pasar que cuando van a un lugar y no hay nadie, se lleven los objetos voluminosos que haya, pero en esos videos no se ve el contexto, no se puede saber exactamente qué pasó. La decisión de decirles que vayan a otro lado no es nuestra porque no es nuestra área de trabajo”, expresaron. 

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Como puede observarse, la propuesta política de la plataforma Macri- Muzzio en relación a las personas que viven en la calle no incluye ninguna acción concreta para su resolución. Es decir, otra que no sea el desplazamiento forzado. Solo basta mencionar que a solo un mes y medio después de las declaraciones radiales de Jorge Macri, legisladores de su espacio político impulsaron y obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados de una modificación en la Ley de Alquileres vigente que, con achicamiento del plazo de ajuste y beneficios para los propietarios e inmobiliarias, aleja mucho más la zanahoria de una solución habitacional para las personas que ya se habían olvidado de lo que es vivir bajo techo.

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