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12 de septiembre de 2022

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VIOLENCIA POLICIAL
Primer reporte

del Mapa de la Policía
de la Ciudad de Buenos Aires

El 11 de julio se lanzó en la Legislatura porteña el Mapa de la Policía, herramienta digital que propone construir una RED DE CUIDADOS CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL.

 

El principal objetivo de esta iniciativa es VISIBILIZAR el abuso para evitar que se naturalice.

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Este informe registra la actividad del Mapa durante sus primeros dos meses de existencia y es una muestra de la potencialidad que posee la herramienta, en la medida en que sea apropiada por la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil.

El reporte está dividido en TRES PARTES:

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1

Geolocalización

de los casos de violencia recibidos

por el Mapa.

2

Análisis de una práctica sistemática: el hostigamiento policial a las trabajadoras sexuales de Constitución.

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3

La reacción antidemocrática del Gobierno de la Ciudad y de un sector del Poder Judicial.

53.494

SESIONES en el sitio

6.770

163

48

32

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PERSONAS ingresaron
al formulario de denuncias

DENUNCIAS recibidas
a través del formulario

HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL 
VERIFICADOS por el Mapa de la Policía

HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL DECIDIMOS VISUALIZAR

11

CASOS DE HOSTIGAMIENTO  
A trabajadoras sexuales verificados
ocurridos en el barrio Constitución

 

1

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GEOLOCALIZACIÓN

de los casos de violencia recibidos por el Mapa.

Los datos publicados en este primer reporte surgen en su totalidad de las denuncias directas recibidas a través del formulario del Mapa, entre los días 11 de julio y 10 de septiembre de 2022. 

Durante esos primeros dos meses de funcionamiento ingresaron al formulario 6770 personas, de las cuales 163 completaron los distintos pasos que prevé el registro. Luego del proceso de chequeo y verificación, se catalogaron 48 como denuncias verdaderas o con sustento, de las cuáles 16 decidimos no visibilizar, ya sea por pedido de la víctima o porque consideramos discutible el criterio.

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Metodología de verificación

El método de verificación incluye tres procedimientos específicos: 

  1. la triangulación de la información recibida con lo publicado por los medios de comunicación y la consulta a instituciones locales que realizan un seguimiento de la violencia policial (como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteña).
     

  2. la conversación directa con les denunciantes, preferentemente de manera telefónica.
     

  3. el análisis de la información recibida y la evaluación de su verosimilitud.

ACOMPAÑÁ

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Buena parte de quienes realizan un reporte son testigos ocasionales y no víctimas de la violencia policial. Se trata de una actitud que nos interesa especialmente promover, en tanto implica un involucramiento ciudadano de solidaridad. La aparición de un tercero que observa y registra evita que la persona agredida deba experimentar el típico acto de revictimización que supone denunciar.

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FILMÁ

La diferencia de calidad en el reporte es radical cuando está acompañado de un video o foto que muestre el acto de violencia, pero no siempre es fácil ejercer ese derecho pues habitualmente la fuerza agresora busca impedir y hasta castiga la existencia de esos registros. Nos proponemos impulsar una campaña para fomentar este reflejo de compromiso e iniciativa.

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Tanto antes de completar el formulario como en la respuesta inmediata que acercamos a quienes reportan un hecho de violencia policial, desde el Mapa explicitamos a quienes participan que su acto no implica realizar una denuncia legal ni institucional. Pero que si quieren avanzar en ese sentido brindamos el asesoramiento necesario para que puedan concretarlo.

DOS CASOS
SINGULARES

El primero sucedió el 27 de julio, al anochecer, en el centro de la Ciudad

Una persona viajaba en taxi cuando vio a un policía golpear a un ciudadano. Filmó, subió el video a sus redes y se comunicó con el Mapa, que luego de constatar la secuencia aportó a la visibilización del caso y la contactó con el Ministerio Público de la Defensa, quien ya había iniciado una causa penal contra el agresor. 

La repercusión suscitada motivó la actuación del Ministerio de Seguridad, que intervino para “pasar a disponibilidad” al oficial involucrado. Se trata de una respuesta rápida a la injustificada violencia policial, que sin embargo habrá que ver cuál es su derrotero institucional.

Hay casos que muestran con claridad cuáles son las posibilidades y dificultades cuando se trata de combatir la violencia policial.

El segundo hecho tuvo lugar el 14 de agosto en el Hospital Borda

Un policía disparó su arma dentro del Servicio 2 de la institución psiquiátrica, luego de un altercado con un paciente. 

Lo sucedido fue denunciado en las redes sociales de un sindicato porteño, pero no apareció en ningún medio de comunicación. Pese a la gravedad del hecho, nada se sabe acerca del agente implicado. La opacidad en el tratamiento de estos casos de violencia policial no es un comportamiento saludable. 

2

ANÁLISIS

DE UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA

el hostigamiento policial a las trabajadoras sexuales de Constitución.

 

Para entender por qué consideramos una práctica sistemática de violencia policial a la siguiente sucesión de hechos hay que tener en cuenta que en la Argentina la prostitución no es un delito. Esta figura sí aparece mencionada en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que aun así no penaliza la prostitución como tal sino su  "ostensibilidad", término particularmente ambiguo y difuso que habilita un amplio margen de arbitrariedad para que sea la policía quien define si hay o no una falta, condicionando así la posterior interpretación judicial.

 

A pesar de no contar con un marco normativo respaldatorio, la Policía de la Ciudad insiste en hostigar a mujeres cis, trans y migrantes en ejercicio del trabajo sexual o por “sospechar” que podrían llegar a ejercerlo.

Desde que lanzamos la herramienta

se registraron y verificaron

11 hechos de hostigamiento policial

a trabajadoras sexuales

en el barrio de Constitución.

 

El número de víctimas es mayor ya que en algunos casos las trabajadoras se encontraban en grupos cuya cantidad de integrantes no fue especificada.

De los 11 hechos registrados: 

 

10 resultaron en detenciones arbitrarias, uno de los cuales incluyó la acusación falsa de un robo de teléfono celular.

 

2 terminaron con la expulsión del espacio público obligando a las trabajadoras a retirarse de la calle como si se tratara de un lugar con derecho de admisión. 

8 incluyeron requisas en el espacio público y en uno de ellos la violencia escaló al punto de obligar a la trabajadora a desvestirse en plena calle.

 

1 caso de multa por el art. 96 del Código de Faltas (ostentabilidad de la prostitución).

 

1 vez la policía le quitó el dinero que llevaba consigo, conducta que lisa y llanamente constituye un robo.

 

8 fueron la cantidad de mujeres trans hostigadas por la Policía de la Ciudad que hemos relevado. Sin embargo, este número se eleva ya que una de las denuncias refiere a "un grupo de mujeres trans", cuya cantidad de integrantes no fue especificada.

La sistematización del tipo de violencia policial arroja los siguientes resultados:

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11 Hostigamiento 

10 Detención

Requisa ilegal 

Expulsión del espacio público 

Robo 

1 Multa 

Vejaciones 

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La totalidad de las denuncias recibidas se ubican en el barrio Constitución y especialmente en las intersecciones de Salta y Pavón (7), Salta al 1400 (2), Santiago del Estero y Av. Garay (2). El cuadrante donde ocurren los hechos se limita a seis manzanas lindantes a la Plaza Constitución.

 

Una zona que está bajo el radio de influencia de la Comisaría Vecinal 1C, ex #18, ubicada en Av. San Juan 1727.

Se trata de una Comisaría con graves antecedentes en relacion con el pedido de coimas y la violencia contra personas que trabajan en la calle, lo cual da cuenta de un comportamiento institucional sostenido. Para muestra bastan dos botones:

- El 27 de agosto de 2020 la Justicia allanó directamente la Comisaría y detuvo a toda la plana mayor por pedir coimas a "motoqueros" para permitirles trabajar y evitar el secuestro de sus vehículos, según cuenta el portal Nueva Ciudad en este artículo.

- El 21 de junio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal 16 condenó a la policía Flavia Beatriz Juárez a prisión perpetua por el homicidio del recolector de residuos Pablo Ricardi Pereyra acontecido el 31 de diciembre de 2020, como detalla esta nota del diario Página 12. En una causa penal distinta se investiga por encubrimiento al personal de la seccional 1C. 

*

El momento del día en que ocurren más hechos de hostigamiento (6) es la franja horaria de 12 a 19 horas, lo cual responde a la exposición de la actividad en un horario de alto tránsito de personas en las inmediaciones. Como afirmó Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)

"esas son las zonas donde se despliegan con más frecuencia estos operativos violentos. La mayoría de las víctimas no solo trabajan, sino que viven en esos barrios y sufren constantemente atropellos por ser, además de trabajadoras sexuales, migrantes. Son paraguayas, ecuatorianas, peruanas, que denunciaron violencia verbal y física por parte de los policías, lo que refleja la mirada racista y transfóbica que todavía está enquistada en las fuerzas de seguridad". 

3

LA REACCIÓN

ANTIDEMOCRÁTICA

del Gobierno de la Ciudad

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El intento de censurar el mapa de la policía

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El operativo vallado en la casa de la vicepresidenta de la Nación

 

El diseño y la construcción del Mapa de la Policía llevó varios meses de trabajo, pero finalmente se publicó en un momento en particular sensible de la realidad nacional. De un lado, por la agudización de la crisis social y económica que sacude al país; de otra parte, por la mutación e intensificación del conflicto político que se tornó evidente con el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de septiembre.

En ese marco dos intervenciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamaron nuestra atención por su marcada naturaleza antidemocrática, que se proyecta sobre la Policía de la Ciudad por ser el brazo ejecutor de su política de seguridad.

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El 26 de julio de 2022 la fiscal Celsa Ramírez solicitó “la clausura/bloqueo preventivo de la página web www.mapadelapolicia.com, en el marco de un proceso penal contra la legisladora Ofelia Fernández iniciado por la militante del oficialismo porteño María Florencia Arietto. El intento de censura del Mapa y de criminalización de una de sus impulsoras resultaba a todas luces insustancial desde el punto de vista jurídico, pero explicitó la animadversión con que el Gobierno de la Ciudad reaccionó ante la iniciativa ciudadana, luego de que el ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro la criticara duramente en los medios de comunicación por considerarla “persecutoria”.

 
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La ofensiva articulada entre una abogada-militante de alto perfil partidario, un importante funcionario del Poder Ejecutivo y una fiscal de estrechas vinculaciones con el oficialismo, puso de manifiesto el desprecio por las mejores prácticas republicanas, en contradicción con el relato institucional del partido gobernante.

El 18 de agosto último, el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Pablo Casas, dictó un fallo ejemplar donde “no hace lugar a bloqueo de página web por inexistencia de delito”. Y termina con la siguiente frase: “En conclusión, en la medida que el sitio web ‘Mapa de la Policía’ tiende a la defensa y promoción de derechos individuales, como de otros bienes jurídicos supraindividuales vinculados con el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos de las personas encargadas de ejercer la función pública, mal podría implicar al mismo tiempo la comisión de un delito contra los aludidos bienes jurídicos. Deviene entonces improcedente la medida cautelar pretendida por la parte, lo que impone su rechazo”.

Recomendamos la lectura de la interesante resolución judicial

El 27 de agosto de 2022 el Gobierno de la Ciudad decidió interrumpir con vallas policiales el acceso al departamento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El objetivo era impedir el arribo de sus seguidores, que habían decidido apoyarla luego de que un grupo de manifestantes anti kirchneristas se reunieran frente a la casa de la ex presidenta para festejar el pedido de cárcel formulado por el fiscal federal Diego Luciani.

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La torpe medida del Ministerio de Seguridad porteño elevó los niveles de tensión política a una escala inédita. En lugar de dispersar a les militantes, el efecto fue una multiplicación de la concurrencia que sumó a figuras claves del oficialismo nacional, entre otros los ministros Gabriel Katopodis y Daniel Filmus, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y varios diputados nacionales (Natalia Zaracho, Itai Hagman, Federico Fagioli, Victoria Tolosa Paz). Como dijo un atónito efectivo policial cuando reportaba a sus superiores, todos ellos se convirtieron en “unos manifestantes más”.

Cerca de las 18 horas y luego de varios intentos fallidos de negociación, les manifestantes arrasaron con las vallas y perforaron las líneas policiales, hasta posicionarse frente al edificio donde vive Cristina Fernández, lo que dejó en ridículo la operación montada por el Gobierno de la Ciudad, que lejos de una autocrítica decidió subir la apuesta en el plano discursivo.

DOS DETALLES VINCULADOS

AL OPERATIVO DE SEGURIDAD

NO PASARON DESAPERCIBIDOS

 

En el preciso momento en que las vallas fueron desmontadas por la multitud, los efectivos policiales quedaron atrapados y expuestos a una posible represalia por parte de les manifestantes, que sin embargo se comportaron de manera pacífica.

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Como consecuencia de uno de los forcejeos entre quienes protestaban y los agentes policiales, la cartuchera de municiones que portaba el efectivo cayó al piso y fue recogida por una persona que estaba en el lugar. Al entregarlo en la sede de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) se determinó el contenido:

 

dos cargadores calibre 9 MM Parabellum

con 32 municiones letales.

 
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Esto último está expresamente prohibido por el artículo 99 de la Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que reza: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”. La explicación del ministro D'Alessandro es que se trató de un descuido personal del agente.

Cinco días después de este lamentable operativo, un militante de extrema derecha intentó disparar contra la Vicepresidenta de la Nación y estuvo a punto de cometer un magnicidio que hubiera abierto una ventana a lo desconocido en la historia argentina.  

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