
Toma de escuelas:
gobernar es disciplinar
Por: FACUNDO LO DUCA | Ilustración: PANCHOPEPE | 21 de Marzo 2023
En septiembre de 2022 más de 300 estudiantes de las escuelas secundarias porteñas tomaron medidas de fuerza en reclamo por más y mejores viandas, arreglos en la infraestructura de las escuelas y rechazo de las prácticas laborales implementadas por la cartera de Soledad Acuña, ministra de Educación. La protesta incluyó marchas, tomas de establecimientos, asambleas y suspensión de clases. La respuesta oficial generó amplio repudio: con el uso del protocolo antitomas, Acuña notificó denuncias a los padres de los estudiantes por medio de la policía de la Ciudad y a través de la prensa y Twitter anunció consecuencias penales contra ellos y un docente, ninguna de las cuales pudo comprobarse que fueran, efectivamente, realizadas. Entre el disciplinamiento y el castigo oficial, el silencio de los protagonistas. ¿Qué pasó con los reclamos de los estudiantes porteños?
El 23 de septiembre de 2022, alumnos secundarios de al menos 14 escuelas porteñas decidieron, mediante una votación de sus Centros de Estudiantes, hacer una toma de los establecimientos que duraría, aproximadamente, dos meses. Muchas de ellas no incluían la pérdida de clases, dado que se hicieron durante el fin de semana. Sin embargo, el reclamo era unísono: exigían mejoras en la infraestructura escolar y en la calidad y cantidad de las viandas escolares suministradas por el Estado. Además, rechazaban las prácticas laborales no remunerativas en empresas, una medida impulsada desde el año anterior por el Gobierno de la Ciudad y que busca incentivar la inserción laboral de los estudiantes, tras finalizar sus estudios.
Los colegios que se sumaron a las tomas y protestas fueron, entre otros, la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg ─conocida como Lengüitas─, la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1, el Colegio Mariano Moreno, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, la Rodolfo Walsh, la Nicolás Avellaneda, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, el Osvaldo Pugliese y la Escuela Normal Mariano Acosta. Aparte de las medidas de fuerza, otras 15 escuelas llevaron a cabo actividades y manifestaciones reclamando iguales mejoras. “Luego de multitudinarias asambleas, el Colegio Nacional de Buenos Aires se encuentra tomado por esta noche en apoyo y solidaridad de los colegios de la CABA, que sufren desidia y persecución política luego de las medidas votadas por los estudiantes”, manifestaron desde la escuela que depende de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, desde la Coordinadora de Estudiantes de Base, organización que agrupa a estudiantes de diferentes establecimientos, también justificaron las jornadas de lucha: “no podemos cursar en edificios en los que no hay agua o en los que se caen los techos, hace cuatros meses se cayó una pared en la escuela 8 del distrito escolar 10 y de casualidad no terminó en tragedia”, explicaron a la prensa. Lo propio hizo la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, también dependiente de la UBA, que en asamblea votó tomar el establecimiento en solidaridad con el resto de los colegios. De esta manera, más de 300 alumnos se sumaron a una lucha de estudiantil que duraría meses pero cuyas consecuencias continúan hasta el día de hoy.
La respuesta del Gobierno porteño a las tomas no tardaría en llegar. El Gobernador de la Ciudad, Horacio Rodriguéz Larreta, fue tajante: “No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo”, aseguraba el 30 de septiembre. “Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles, no hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires".
En esa línea, unos días antes, a través del Ministerio de Educación comandado por Soledad Acuña, se libró un comunicado que aseguraba que la Ciudad “decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las tomas". Asimismo, se informaba que la Procuración General ya había realizado “25 denuncias penales a 366 adultos responsables”. La comunicación indicaba que “además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.
De forma simultánea a las declaraciones públicas, durante las jornadas de lucha estudiantil cientos de padres recibían por la madrugada, y a través de la policía de la Ciudad, los apercibimientos por parte del Estado porteño. Es que la ministra, asimismo, presionaba a las autoridades de los establecimientos educativos para que procedieran a aplicar el protocolo de intervención antitomas, aprobado a través de la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018. Dicha norma ordena a los directivos de los colegios labrar un acta y enviarla a la máxima autoridad del Ministerio de Educación porteño que luego elevará el expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General.
El 29 de septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos presentó un habeas corpus preventivo para que se retire a la policía de la puerta de los colegios. “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones. Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, expuso el organismo en un comunicado. En igual sentido, las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y Nora Cortiñas, junto a una extensa lista de referentes y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, dio a conocer un comunicado donde expresaban “No es con el Código Penal, ni las amenazas contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente estas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con les adolescentes”. El documento señaló que “el ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún, por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello”.
“Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, afirmó Acuña a la prensa el 24 de octubre.
Mientras tanto, las tomas estudiantiles comenzaron a denunciar que efectivos policiales intentaban entrar a los edificios ocupados. Alumnos de la Escuela Rogelio Yrurtia filmaron el momento en que un oficial se paseaba por los pasillos del colegio. “Vino la policía, estuvo dando vueltas por la puerta y charlaban con gente de civil. Nosotros imaginamos que eso era Inteligencia, o sea gente que iba de civil que les pasaban data a los policías. Y así, hablaban entre ellos, iban y venían con patrulleros. Tocaban la puerta y no les atendíamos, entonces se ponían muy intensos, y empezaban a golpear fuerte”, contó una alumna.
Para reconstruir los sucesos que movilizaron a cientos de estudiantes secundarios porteños este medio intentó, en reiteradas ocasiones, contactar a varios padres y estudiantes que participaron activamente en las jornadas de lucha, quienes no quisieron prestar testimonio. “Algunos padres trabajan en el sector público de la Ciudad y temen alguna represalia si hablan”, comentó uno de ellos. Tampoco se obtuvo respuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad. Lo único que este medio pudo saber es que un grupo de padres planea “demandar al Estado porteño” por los apercibimientos que realizaron contra ellos. Y que el hermetismo que rodea el estallido estudiantil podría tener que ver con esas posibles demandas pero, sobretodo, por las represalias ministeriales anunciadas a la prensa. Ninguna de las cuales, al día de hoy, pudo confirmarse.
El reclamo era unísono: exigían mejoras en la infraestructura escolar y en la calidad y cantidad de las viandas escolares suministradas por el Estado. Además, rechazaban las prácticas laborales no remunerativas en empresas, una medida impulsada desde el año anterior por el Gobierno de la Ciudad.
Por las ventanas del Mariano Acosta
Julio Pasquarelli, vicerrector de la escuela Mariano Acosta, vio una nota pegada en la ventanilla de su auto, justo antes de subirse para ir al trabajo.
─Tano, trosko, la próxima no la contás.
Con los ojos entrecerrados por el desvelo, miró hacia ambos lados de la calle. La noche anterior, alguien, a propósito, había cortado la luz de la escuela durante la toma de los alumnos y él se había quedado en vigilia afuera del edificio, al cuidado de los adolescentes. No vio a nadie, pero sabía que lo habían seguido. El colegio no está cerca de su casa. Esa mañana del mes de septiembre del 2022, Julio fue a trabajar sin saber que las consecuencias de su apoyo al reclamo del Centro de Estudiantes recién comenzaban.
El 28 de septiembre, Julio Pasquarelli dio un discurso en la puerta de la escuela que se viralizó a través de un video en las redes sociales. Allí, el vicerrector mostró su apoyo a la lucha estudiantil y criticó las represalias que sus padres sufrieron con las supuestas demandas y apercibimientos de la Justicia porteña. El video, claro, había llegado también a la ministra de Educación.
“Durante la toma ilegal del Mariano Acosta, su vicerrector se paró frente a los alumnos a alentar la toma con micrófono en mano y una actitud prepotente que está muy lejos de la ejemplaridad que requiere su rol”, twitteó Acuña el 8 de noviembre. Y agregó: “Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio. No vamos a tolerar el adoctrinamiento en nuestras escuelas”.
─ Un día me dicen “Julio, saliste en la tapa de Clarín”. Y era verdad. El 8 de noviembre, en uno de los márgenes, decía “Acuña sanciona a vicerrector”. En La Nación lo mismo. Me acusaban de hacer “adoctrinamiento K”.
Es un martes de noviembre del 2022 y Julio Pasquarelli está sentado en un bar del centro de la ciudad. Además de trabajar como docente del colegio desde hace 25 años, es un exalumno. Dice que “hay que saber leer a la escuela” para comprenderla. Es curioso, por esa institución pasaron desde Enrique Santos Discépolo, Julio Cortázar y hasta el cantante de rap, Valentín Oliva Mónaco, más conocido como WOS. Si de saber leer se trata, estos tres han estado entre los mejores exégetas de sus tiempos y hoy son referentes a la hora de repasar la historia de la institución.
─ Lo primero que hice cuando me enteré lo de la sanción fue fijarme en las plataformas de comunicación que tiene el ministerio con nosotros y no tenía ninguna notificación. Yo decía: ¿no me está adoctrinando el que me está acusando, el que me está castigando? ¿Hay un adoctrinamiento malo y otro bueno? Bueno, parecería que sí.
Desde principios de 2022 ─antes de las tomas─, la escuela Mariano Acosta viene con graves problemas de infraestructura. Una ventana, cuenta Julio, por poco lastima a un maestro en el aula cuando quiso abrirla. Las puertas se caen. Las calderas no funcionan en invierno, los techos se llueven. Por el Acosta pasan novecientos estudiantes del secundario, nueve mil en primario, quinientos en el terciario, con turnos de mañana, tarde y noche.
─El Gobierno terceriza todo lo que es el mantenimiento. Nos cuesta mucho lograr que todo funcione. Los canales de comunicación con ellos no son eficientes. La escuela va a cumplir 150 años. Es parte de la historia de esta ciudad, pero parece que eso no importa.
En 1999 la institución del barrio Monserrat fue declarada monumento histórico. Su estructura fue diagramada por el mismo arquitecto que ideó el Teatro Colón. Sin embargo, dice Julio, la última vez que se arregló algo de forma inmediata en el Acosta fue durante 2022, cuando se viralizó un meme que los alumnos hicieron de una grieta en la pared que estaba hace meses. La empresa tercerizada del Estado apareció a los pocos días y lo solucionó.
─ La gran cantidad de arreglos que se han hecho son gracias a las familias de la escuela ─ retoma el vicerrector─. No son por el Gobierno de la Ciudad. Durante la toma de septiembre circuló un video donde se mostraban instalaciones rotas (por los alumnos) y era mentira. Los mismos estudiantes repararon lugares que estaban en desuso mientras estaban en la institución. Había una necesidad de criminalizar.
Lo primero que hice cuando me enteré lo de la sanción fue fijarme en las plataformas de comunicación que tiene el ministerio con nosotros y no tenía ninguna notificación. Yo decía: ¿no me está adoctrinando el que me está acusando, el que me está castigando? ¿Hay un adoctrinamiento malo y otro bueno?
Viandas insuficientes
A los problemas edilicios se le suma el tema de las viandas estudiantiles, uno de los reclamos unificados de los diferentes Centros de Estudiantes durante las tomas.
─ Faltaban un montón. Empecé el año con 800 estudiantes de jornada completa y recibíamos 360 viandas. Tengo estudiantes que no pueden ir al kiosco a comprarse un almuerzo o traer tres veces por semana la comida de la casa, cuenta Julio.
Las escasas entregas de los alimentos tenían una justificación por parte del Gobierno: no estaban obligados a abastecer a todos los alumnos. Si el colegio necesitaba más viandas, debía hacer un trámite que consistía en llenar información personal de los familiares de los estudiantes, como un recibo de sueldo y una constancia de Anses, y enviárselas al ministerio de Educación.
─ Muchas familias se negaron a entregar esos datos o no los tenían. Solo logré recibir 167 bandejas de comida extra ─ señala el vicerrector.
El valor nutricional de esos empaquetados también fue foco de discusión del movimiento estudiantil. Su contenido ─la mayoría de las veces un sanguchito de jamón o de queso, nunca ambos y una fruta─ no cumplía con los requisitos necesarios para el consumo de un adolescente promedio.
Noche de sabotaje
Durante los días que duró la toma en el Acosta, sucedieron hechos que a Julio le llamaron la atención. La noche del sábado 23 de septiembre, última jornada en que unos 300 alumnos se quedarían en la escuela para que el lunes se desarrollaran clases normales, se cortó la luz. Julio, que se encontraba en la rectoría firmando unas actas, se comunicó con la empresa de electricidad MIG S.A, que terceriza el Gobierno de la Ciudad. “No tenemos a nadie para mandar ahora”, le dijeron desde la compañía. “Van a tener que desalojar”.
─ Los chicos no se iban a ir a ningún lado. Ahí es cuando bajo a la sala de máquinas con una linterna y me encuentro que había un cable muy grande arrancado y un tornillo enorme en el suelo. Solo alguien que conozca de electricidad y tenga herramientas podía hacer algo así.
Cuando Pasquarelli salió del establecimiento esa noche, se encontró sorpresivamente en la calle con un trabajador de la empresa electricidad. Lo dejó pasar y bajaron a revisar el tablero averiado.
─ Esto está a punto de estallar. Hay que desalojar ya ─ le dijo el empleado.
Julio arqueó las cejas y miró la valija que llevaba el hombre de MIG S.A. Tenía herramientas pesadas. Algo en esa escena no encajaba.
─ El único que podía haber arrancado el cable tenía que tener herramientas similares a la de esa persona ─retoma el vicerrector. Por supuesto que me enojé y le pedí explicaciones.
El hombre de la compañía salió furtivo del establecimiento, entre insultos de algunos padres que todavía estaban ahí y la penumbra que inundaba al Acosta. Julio se quedó hasta el amanecer, velando por los alumnos desde afuera del edificio. Cuando volvió a su casa, en la ventanilla de su auto, encontró una nota. Lo habían amenazado.
Finalmente, por intermedio de uno de los padres de los alumnos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad mandó a un especialista y devolvió la luz al colegio al día siguiente. Desde entonces, con la toma finalizada el 28 de septiembre, la relación entre el Acosta y las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad se tensionaría todavía más.
─ Siempre mantuve mi postura de no estar a favor de la toma de edificios públicos, pero sí de defender lo que decidan los y las estudiantes. No entiendo porque apoyarlos es “adoctrinar”, se pregunta.
El 17 de enero de este año, mientras se encontraba de vacaciones, Julio recibió un mensaje del rector del Acosta. La Dirección Superior de Escuelas, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, pedía un informe de su desempeño durante el 2022.
─ Creo que esto encuadra en un acoso administrativo ─apunta el vicerrector─. Siento que quieren imponer un disciplinamiento a través de un sumario que nunca llegó.
Además, cuenta, su correo personal de email sufrió varios intentos de hackeo desde que ocurrió el conflicto. Sin embargo, hubo un hecho puntual que a Julio lo asustó. Durante una semana, y en diferentes lugares, encontró su auto con extrañas manchas rojas y espesas: era sangre.
─ No digo que esto tenga que ver con todo lo que pasó en el Acosta, pero no puedo dejarlo pasar. Es posible que tome medidas legales.
Lo primero que hice cuando me enteré lo de la sanción fue fijarme en las plataformas de comunicación que tiene el ministerio con nosotros y no tenía ninguna notificación. Yo decía: ¿no me está adoctrinando el que me está acusando, el que me está castigando? ¿Hay un adoctrinamiento malo y otro bueno?
Un final impreciso
El 18 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el evento “La noche de la educación”, un encuentro que reúne a referentes del sector público y privado para debatir en torno de la enseñanza primaria y secundaria en el país. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, asistió a ese encuentro como invitada y, luego de que le consultaran por los conflictos actuales en la escuela, fue tajante: “Gran parte del conflicto de la degradación de la educación es el populismo educativo”, explicó. “Es el haber creído que cantidad podía reemplazar a la calidad. El haber entendido mal el concepto de equidad. Si todos tenían que estar adentro, teníamos que dejar de exigir y evaluar. Parte de esa degradación comenzó cuando los sindicatos empezaron a sentarse en las sillas de los ministerios y entonces el interés del niño pasó a ser remplazado por el del sindicato”.
En aquella jornada, la ministra también se refirió al “mérito” dentro de las aulas: “Se dejó de vincular a la escuela con el mundo del trabajo. Hoy pensar esa vinculación es de “neoliberal” o “mercantilista”. Hay una crisis de valores. Hay que recuperar el valor del esfuerzo y la palabra mérito”, concluyó la funcionaria del PRO.
La mirada de Acuña hacia la educación se traduce en el diseño e implementación de políticas que tienen un claro tinte represivo: las amenazas de denuncias penales y civiles hacia el estudiantado y sus padres, ninguna de las cuales pudieron ser comprobadas por este medio; el sumario y las denuncias, supuestamente, iniciadas contra el vicerrector Pasquarelli –ninguna de las cuales les fue efectivamente notificada- y el uso de la policía de la Ciudad como instrumento de notificación y forma de amedrentamiento a las familias involucradas. Ante la inminencia del fin del año escolar 2022, el levantamiento de las medidas de fuerza en las escuelas fue paulatino y por decisión de las asambleas estudiantiles en cada institución. Algunos quedaron a la espera de mesas de diálogo con Acuña que nunca se llevaron a cabo.
“A pesar de que hubo algunos arreglos mínimos, por ejemplo, colocaron un plástico protector a las ventanas para que los vidrios no estallen, todavía hay muchos arreglos pendientes. La situación no mejoró. No hubo cambios significativos”, cuenta a la prensa Ludmila Tassi, vocera del centro de estudiantes del colegio Mariano Acosta.
Ante un nuevo año lectivo, los reclamos que paralizaron a más de 15 escuelas porteñas y movilizaron a más de 300 estudiantes, aún siguen vigentes. Casi a la espera del nuevo comienzo.