Tiro o descarga:
llegan las Taser
a la policía de la Ciudad
Escribe: GILDA IZURIETA
Ilustración: PANCHOPEPE | 01 de Junio 2023
La irrupción de las pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires es inminente. Este lunes 29 de mayo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció su implementación a partir del mes de junio. Sin protocolos de uso publicados ni formación policial a la vista, la llegada de estas armas electrónicas genera más preguntas que respuestas acerca de su implementación. Lo que se conoce de las Taser y lo que muchos advierten.
Lo que hace que el sujeto se desplome es la contracción involuntaria de sus músculos. Así lo describe Axon, la empresa que desarrolló el dispositivo. Son dos dardos guiados por un cable que se estira hasta siete metros y medio, que clavan sondas en la piel y conducen la electricidad por el cuerpo. Lo que recibe son 50000 voltios con un amperaje de 0,0012 que generan inmovilización inmediata y permiten su captura. Los brazos y las piernas sufren una parálisis o rigidez que no le permite sostenerse en pie. El chip que posee la pistola registra el disparo en una base de datos. El arma usada es una TASER X26P. No pierde la conciencia pero a partir de esos cinco segundos que dura la descarga siente vértigo, aturdimiento y hormigueo. Finalmente, cae al suelo.
La autorización que el 9 de marzo de 2023 dio la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para la importación de 60 pistolas Taser no parece haber saldado el debate sobre la conveniencia del uso de este tipo de armas en nuestro país. El 30 de marzo, la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad le informó al Mapa de la Policía que el Instituto Superior de Seguridad Pública –encargado de la formación de los efectivos de la Policía de la Ciudad– trabajaba en la certificación de los futuros instructores para luego comenzar a enseñar al personal policial su uso.
Dos semanas más tarde el ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco dijo que “tenía una buena noticia” y era que el debut ya contaba con una fecha estimada: junio o julio de este año –apenas tres meses entre el ingreso de los dispositivos al país y su uso en la calle. En principio, los plazos parecían apretados. Ese mismo día Burzaco confirmó que se habían ordenado la compra de un nuevo lote de armas y estimó que la fuerza contaría en un futuro cercano con “aproximadamente 150 pistolas en total”. En esa misma línea el 23 de mayo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la policía de la Ciudad comenzaría a implementar las Taser en junio, afirmó que “salvan vidas” y sostuvo que, en caso de encabezar un eventual gobierno –ya que es precandidato presidencial del PRO–, buscará poner ésta y otras tecnologías a “disposición de cada provincia”.
A pesar del apuro y de la publicidad de campaña, sobrevuelan interrogantes que aún no parecen tener respuestas concretas. Por ejemplo: ¿por qué un policía necesitaría un arma de descarga eléctrica?
Horacio Rodríguez Larreta anunció que la policía de la Ciudad comenzará a implementar las Taser en junio. Afirmó que “salvan vidas” y sostuvo que, en caso de encabezar un eventual gobierno buscará poner ésta y otras tecnologías a “disposición de cada provincia”.
La nación avanza sin consenso
Este tipo de armamento también se habilitó para las fuerzas nacionales y en esta repartición la marcha fue todavía más rápida, aunque también con mayores precisiones sobre su uso: el titular de la cartera, Aníbal Fernández, anunció que serían utilizadas exclusivamente por el Grupo Especial de Operaciones Federales (G.E.O.F.), al Grupo Especial 1 (G.E.-1) y las Unidades Tácticas de Intervención Federal (U.T.I.F.) de la Policía Federal Argentina. El criterio figura en el artículo 11 del protocolo de utilización que fue publicado el 25 de abril de 2023. Es decir, el criterio del reparto no será entre los oficiales de calle, sino entre grupos específicos.
Sin embargo, el texto confirma aquello que las organizaciones de derechos humanos habían advertido con respecto a su empleo: se trata de una ampliación del uso de la fuerza represiva y no de la reducción del campo de letalidad. En el artículo 4 expresa que “la utilización del dispositivo debe efectuarse para controlar una situación que no amerite el uso de armas de fuego, pero que requiera la utilización del uso de la fuerza de baja letalidad, cuando los intentos de desescalar la agresión con otras tácticas convencionales (por ej. la comunicación verbal), hayan resultado ineficaces”.
Según la normativa, no podrán ser utilizadas:
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Con personas que muestren resistencia pasiva y no representen un peligro inminente.
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Con personas ya reducidas o que se encuentren detenidas bajo custodia de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
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Con personas que tengan su ropa mojada, debiendo asumirse, ante la duda, que puede tratarse de líquido inflamable.
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Con personas que controlan físicamente un vehículo motorizado mientras el motor está en marcha.
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Cuando, debido a los factores del entorno, pudiera ponerse en riesgo la vida del agresor ante la utilización del dispositivo.
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Contra la población de riesgo, en tanto no se verifique un riesgo cierto e inminente a la integridad de sí misma, terceros o personal policial interviniente.
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En caso que el dispositivo no cuente con los cartuchos debidamente colocados.
Pero no hay consenso en el Gobierno Nacional. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti dijo, en una entrevista con el Mapa de la Policía, que el organismo que representa está “en contra de la utilización de estas armas, ya que hay un repudio de los organismos de derechos humanos y recomendaciones de los organismos internacionales donde se manifiesta que estas armas son de uso habitual para la tortura”.
Este tipo de armamento también se habilitó para las fuerzas nacionales, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández anunció que el criterio del reparto no será entre los oficiales de calle, sino entre grupos específicos.
Ah, pero en CABA
El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, especificó que las pistolas Taser serán útiles en situaciones en las que el objetivo sea “solo neutralizar”. En consonancia con estas declaraciones, el ministerio de Seguridad le confirmó al Mapa de la Policía que “la idea es que en todas las Comunas haya personal que sepa manejarlas para tener cobertura en lugares con mucha afluencia de público: en estaciones de subtes, terminal de ómnibus; donde si el policía utilizara el arma reglamentaria, habría riesgo”. Sin embargo Burzaco, en diálogo con Radio La Red, agregó que serán útiles “en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación salió rápidamente al cruce de estas declaraciones: “Queremos llamar la atención sobre este tipo de discursos que asimilan los problemas de salud mental con peligrosidad, lo que sólo contribuye a estigmatizar a las personas con estos padecimientos, vulnerando sus derechos más esenciales”, dijeron a través de su cuenta oficial de Twitter.
Otro de los defensores más acérrimos de su aplicación en la administración de la Ciudad de Buenos Aires es el ministro de Gobierno y precandidato a suceder a Larreta, Jorge Macri, quien también intenta ampliar su uso a la población civil y, especialmente, a las mujeres que precisen defenderse de la violencia de género. En su cuenta de Instagram puede verse una entrevista del 12 de marzo de 2023 a Alex Polit, director regional para América Latina y el Caribe de Axon, la empresa fabricante de estos dispositivos. Polit opina que la manera más útil de distribuirlas sería dotando a todos los policías de primera línea, es decir, quienes tengan contacto directo con las situaciones de detención. Para Polit, las fuerzas de seguridad serían mucho más efectivas si tuvieran la posibilidad de desescalar la violencia realizando una descarga eléctrica sobre aquellos que representen una amenaza. Claro que, al no ser supuestamente un arma letal, lo que el empresario sugiere es que pueda ser accionada antes de lo permitido con las armas reglamentarias y letales que la policía ya posee. “No funciona esperar”, señala.
El ministerio de Seguridad de CABA confirmó que “la idea es que en todas las comunas haya personal que sepa manejarlas para tener cobertura en lugares con mucha afluencia de público: en estaciones de subtes, terminal de ómnibus; donde si el policía utilizara el arma reglamentaria, habría riesgo”.
Sin modelo para desarmar
Manuel Tufró, director del área de justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrante del Mapa de la Policía, siembra una duda sobre el real el objetivo de quienes se encargan de conducir a las fuerzas de seguridad: “El riesgo de no tener un protocolo de utilización concreto es que, en lugar de suplantar el uso de arma de fuego, se podría presentar al revés: la policía empezaría a usar las armas en momentos donde antes no lo hacía. Eso es un problema grave porque en lugar de reducir la letalidad, se estarían ampliando las situaciones en las que la policía usa armas”.
La dicotomía entre tiro o descarga también ofrece problemas conceptuales. Los diputados del bloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de Ley en el Congreso en 2019 para reglamentar el uso de armas electrónicas no letales, en el que fundamentan: “desde siempre se autorizó la utilización de armas de fuego a las fuerzas de seguridad, de efectos y consecuencias mucho más letales que las armas que hoy pretendemos autorizar. No existe justificación para pretender prohibir un arma menos letal que la ya autorizada arma de fuego”.
En ese sentido, Tufró resalta el argumento político que se desprende de esta idea: “es como decir ‘no puedo hacer nada con los policías, vamos a darles un arma para que no usen la otra y bajar así la letalidad’. Primero habría que pensar qué modelo de uso y cómo hacer para que eso se cumpla. Lo que debería existir es un tipo de entrenamiento que le permita a los policías tener niveles de gradualidad en la intervención. Esto se puede hacer sin Taser. El modelo de uso de la fuerza gradual y progresivo tiene que ser parte de cualquier Policía en un gobierno democrático”. También el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Pietragalla, apoyó esta idea: “la formación de las fuerzas de seguridad (tanto en CABA como en otros lugares del país) son inapropiadas y con un sesgo represivo”.
Las preocupaciones, a fin de cuentas, no son sobre el qué, sino sobre el cómo. En una investigación realizada por Ludmila Ferrer y Matías Ferrari para el Mapa de la Policía, les periodistas de El Grito del Sur advierten sobre qué sector de la población y cómo fueron resueltos los casos de gatillo fácil ejercidos por agentes de la policía de la Ciudad. Datos concretos sobre los usos y costumbres de quienes están a punto de dotarse de un armamento nuevo.
Por último, Amnistía Internacional elaboró una lista de problemáticas que considera primordial para el debate:
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presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento;
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tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no deja huellas en la persona y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que la está utilizando;
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son usadas con demasiada frecuencia por las fuerzas de seguridad y no sólo en situaciones extremas y limitadas cuando hay una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves, como lo establece el Comité contra la Tortura de la ONU;
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muchas veces son utilizadas en modo “aturdimiento” a partir de la descarga continua o prolongada, si se aprieta reiteradas veces el gatillo o se mantiene apretado, con la intención de infligir dolor, lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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se suelen subestimar los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas.
Manuel Tufró: “Primero habría que pensar qué modelo de uso hay y qué formas existen para hacer que eso se cumpla. Lo que deberían tener es un tipo de entrenamiento que le permita a los policías tener diferentes niveles de gradualidad en la intervención. Esto se puede hacer sin Taser”.
Sin protocolo en la CABA no hay base de discusión
De todas maneras, 150 pistolas no alcanzan para los 25.000 efectivos que tiene la policía de la ciudad de Buenos Aires. En algunas ocasiones, la información sobre el trabajo de la policía —que debería ser pública— está encriptada frente a la población civil.
Las organizaciones de derechos humanos, a lo largo de los últimos años, insistieron en la publicación del protocolo de aplicación de las pistolas Taser como existe con los demás armamentos. Esto permitiría tener una discusión sobre la base de decisiones. La demanda no fue atendida pero el secreto también se concretó hacia adentro.
Según pudo saber el Mapa de la Policía, el Mecanismo local de prevención de la Tortura de CABA —dependiente de la Defensoría del Pueblo— reiteró en varias oportunidades el pedido de un informe concreto sobre el tema al ministerio de Justicia y Seguridad. El primero fue en diciembre de 2022 y el último en abril de 2023, pero el organismo tampoco tuvo éxito. Las inquietudes son claras: con qué criterio van a repartirse y con qué especificidades en las situaciones de uso.
La División Armamento, Munición y Explosivos de la policía de la Ciudad confirmó que su equipo estará a cargo de la inspección de la nueva herramienta. No obstante, su superior Juan Carlos Gregg, a cargo de la Superintendencia de Coordinación General y Planeamiento del Desarrollo Policial aseguró no poder brindar más información. “No tenemos ni las pistolas ni la información sobre el protocolo”, dijo. Al ser consultado por el Mapa de la Policía acerca del plazo que anunció Eugenio Burzaco, se desentendió de los anuncios públicos: “No respondemos por lo que haya dicho el ministro”, expresó.
En las preguntas está la ausencia. Entre las que quedan en el aire: ¿Los agentes tendrán las Taser de forma permanente (estado policial) o solo durante su horario de trabajo? Si los efectos en el cuerpo de las descargas eléctricas pueden variar dependiendo el tiempo de exposición ¿cómo se limitará la descarga en el modelo importado? ¿Por qué motivo podrían retirarle el dispositivo a un oficial?
La División Armamento, Munición y Explosivos de la policía de la Ciudad confirmó que su equipo estará a cargo de la inspección de la nueva herramienta. No obstante, su superior Juan Carlos Gregg, aseguró no poder brindar más información.
Lo que importa no es la letalidad
A veces, la policía evita usar armas calificadas como letales pero el resultado no es mejor. El 4 de abril de 2007, el docente Carlos Fuentealba veía frente a sus ojos lo que había expuesto en asamblea: intentar cortar la ruta 22 de Neuquén era peligroso. En la provincia gobernaba Jorge Sobich y quien aparecía como asesor en materia de seguridad era el actual ministro de Seguridad de CABA, Eugenio Burzaco. Balas de goma, bombas de pintura y hasta un carro hidrante habían dispersado la protesta y ahora los compañeros huían del ensañamiento policial. Una negociación habilitó un alto al fuego pero eso no impidió que el oficial Darío Poblete le disparara una granada de gas lacrimógeno al 147 en el que viajaba. El cartucho atravesó el vidrio del auto y le provocó un hundimiento de cráneo que lo mató a pesar de las dos operaciones a las que fue sometido.
Otro ahorrador de plomo fue el oficial de la policía bonaerense Rodolfo Leonardo Díaz, quien no era muy rápido para correr, pero sí para tomar decisiones. El 1 de agosto de 2014 lo llamaron del bar Open, en Lanús. Unos jóvenes habían tenido una discusión adentro y los habían sacado a los golpes. Fue entonces que Díaz llegó junto a su compañero del Comando de Patrullas de la comisaría 1ra. del municipio. Persiguió a uno de ellos durante tres cuadras, pero como no lo alcanzó, volvió furioso al bar y se encontró con Pablo Olivera, otro de los involucrados en la gresca. El impacto que le propinó con la tonfa reglamentaria en la cabeza hizo que Pablo cayera al piso, donde volvió a atacarlo a patadas. Díaz ni siquiera atinó a desenfundar la 9 milímetros que tenía en el cinturón. Olivera murió por un traumatismo encefálico craneano.
En el cuerpo de Diego Gallardo, de 20 años, tampoco había plomo, pero al llegar al número 57, el médico forense dejó de contar lesiones. Había sido uno de los ocho detenidos que los policías de la comisaría 3a de Avellaneda habían dejado siete horas bajo el sol del 5 de enero de 2005 como represalia por haber raspado la pared de la celda con una cuchara. A Diego, como al resto, lo hicieron bajar desnudo y atravesar un pasillo en el que el oficial inspector Marcelo Adrián Fiordomo, el sargento ayudante Julio Alberto Silva, el subcomisario Rubén Alfredo Gómez y el oficial subinspector Hernán Javier Gnopko lo apalearon con tonfas y bastones de madera. Agonizó durante 15 horas hasta morir en la comisaría 3ra. sin recibir atención médica. “Nunca vi un cuerpo tan apaleado”, dijo Romero.
Una negociación habilitó un alto al fuego pero eso no impidió que el oficial Darío Poblete le disparara una granada de gas lacrimógeno al 147 en el que viajaba el docente Carlos Fuentealba. El cartucho atravesó el vidrio del auto y le provocó un hundimiento de cráneo que lo mató a pesar de las dos operaciones a las que fue sometido.
Apuntes sobre el biopoder
Cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, habló sobre la aplicación de las Taser, mencionó que uno de los usos sería en personas con “brotes psicóticos”. La experiencia resonante en ese sentido fue la del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier el 26 de julio de 2021, quien en un episodio de alteración psiquiátrica quiso atacar con un cuchillo al agente de la policía bonaerense, Facundo Amendolara. Este le propinó un balazo en el abdomen con su arma reglamentaria. Chano sobrevivió pero dejó abierta la pregunta sobre cómo actuar frente a estos casos.
La respuesta, para el gobierno de la Ciudad es la utilización de las pistolas Taser, que lo habría inmovilizado para la detención. Pero, a todas luces, parece otra solución apresurada.
El 12 de febrero de 2021, la prestigiosa revista médica Journal of the American Medical Association publicó un artículo en el que elabora algunas conclusiones basadas en las pruebas recogidas durante los últimos 20 años sobre los posibles riesgos para la salud de las personas expuestas a una Taser en el contexto de las fuerzas de seguridad.
Si bien los resultados no muestran efectos adversos sobre la salud, la publicación advierte que las evaluaciones fueron realizadas sobre participantes sanos y físicamente aptos por lo que no serían representativos de la población que normalmente se encuentra expuesta a las pistolas de descargas eléctricas.
En esa línea, resalta que “no es posible extraer conclusiones sólidas sobre los efectos de la exposición en poblaciones potencialmente vulnerables o grupos de alto riesgo”. Los grupos que menciona como altamente riesgosos son: mujeres embarazadas, personas bajo la influencia de sustancias y (atención) personas con problemas psiquiátricos.
El modelo de uso de la fuerza que propone Burzaco no solo presupone una estandarización de los cuerpos para las decisiones sobre el poder que se aplicará sobre ellos, sino que apunta directamente hacia los que más contraindicaciones presentan para recibir la doctrina.
El modelo de uso de la fuerza que propone Burzaco no solo presupone una estandarización de los cuerpos para las decisiones sobre el poder que se aplicará sobre ellos, sino que apunta directamente hacia los que más contraindicaciones presentan para recibir la doctrina.
Qué pasaba por su mente
Lo que hace que Clare Nowland (95) se desplome es la contracción involuntaria de sus músculos. Pesa 43 kilos, mide 1,57 metros, vive en una residencia de adultos mayores en Cooma, a unos 400 kilómetros al suroeste de Sidney en Australia y tiene demencia senil. Es 23 de mayo de 2023 y se acerca, lentamente, al oficial de policía con su andador y un cuchillo en la mano. El disparo son dos dardos guiados por un cable que se estira hasta siete metros y medio, que le clavan sondas en la piel y conducen la electricidad por el cuerpo. Lo que recibe son 50000 voltios con un amperaje de 0,0012 que generan inmovilización inmediata y permiten su captura. Sí, su captura. El arma usada es una TASER X26P. Finalmente, cae y su cabeza golpea el suelo. Dicen que su recuperación es dudosa. “No puedo seguir pensando en lo que estaba pasando por la mente de alguien cuando usó la taser”, dijo Peter Cotter, el subcomisionado de la fuerza policial de Nueva Gales del Sur. En Sidney, existe un protocolo vigente pero las autoridades no encuentran motivos para que haya sido necesaria esta acción.
El de Nowland es uno de los últimos casos de uso excesivo de la fuerza por medio de las Taser que llega a conocimiento público al momento de la publicación del presente informe. Y todo parece indicar que no será el último.
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